Este 27 de noviembre, en la sede de Escuela para el Desarrollo tuvo lugar el Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz, a propósito de la reciente publicación de la sistematización de experiencia de litigio estratégico, desarrollada por Fedepaz en alianza con Oxfam. Este evento se realizó como actividad inaugural del curso Gestión de Conflictos sociales, del Diplomado Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial de Escuela para el Desarrollo.
El panel estuvo conformado por David Velazco, Director de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz; Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH; Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui y Miguel Lévano de Oxfam; con la moderación a cargo de Arnaldo Serna de Escuela para el Desarrollo. Los asistentes fueron alrededor de 20, fundamentalmente alumnas/os de dicho programa de estudios y algunos representantes de otras instituciones.
David Velazco inició la ronda de presentaciones con una síntesis de lo acontecido, desde el año 2003, en la Comunidad de Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) y en la Comunidad de Yanta (provincia de Ayabaca), Región de Piura, donde se pretendía desarrollar el Proyecto Minero Río Blanco por la empresa Majaz S.A. (hoy llamada Río Blanco Copper S.A.) de propiedad de Monterrico Metals Plc del Reino Unido, la misma que, en el año 2007, fue adquirida por el consorcio Chino Zijin.
La importancia de este caso se fundamenta en el hecho de que representa una experiencia emblemática y exitosa, si bien por resultados favorables a las comunidades campesinas, sobre todo por la estrategia adoptada y el rol protagónico que asumió la población y sus organizaciones locales. Además de ello, Velazco compartió datos y reflexiones sobre el contexto de criminalización de la protesta a nivel nacional, citando casos como el de Tía María o las Bambas (conflictos socio-ambientales activos) con recientes episodios violentos.
Jorge Bracamonte de la CNDDHH, realizó un análisis desde la perspectiva del trabajo por los derechos humanos en el Perú, desde las organizaciones que formamos parte de esta importante plataforma con 30 años de trayectoria, en la que casos como el de Majaz han supuesto un importante aprendizaje para analizar la coyuntura del momento, pero también los procesos históricos, el trabajo coordinado y articulado de las organizaciones que acompañan estos procesos legítimos de oposición, sin quitar protagonismo a los principales actores que son las comunidades afectadas por proyectos extractivos como el de Río Blanco.
Javier Jancke de la Red Muqui, enfatizó sobre las estrategias creadas durante el proceso legal que, más allá de buscar ganar a nivel judicial, buscaba incidir política y socialmente, propiciando el cuestionamiento de empresas o empresarios respecto a sus aportes a proyectos que no respetan los derechos de los pueblos ni de sus territorios, la identificación de frases o discursos coloquiales que sirvieron para expresar el rechazo, la suma de líderes de opinión a esta causa, entre otras. Asimismo, la consulta vecinal, aunque no fue una consulta en términos del derecho a la consulta previa como lo recoge el Convenio 169 de la OIT, fue un evento histórico de fundamental importancia para el triunfo de la oposición legítima de las comunidades afectas por este proyecto, al punto de que hasta hoy se conmemora.
Miguel Lévano de Oxfam, analizó el contexto del Caso Majaz articulando el actual contexto de conflictos socio-ambientales. Precisó en el escaso aprendizaje por parte del Estado en esta materia, en la desregulación ambiental a pesar del Convenio 169 de la OIT y la propia Ley de consulta previa para pueblos indígenas y originarios (Ley No 29785)que, con el tiempo de vigencia que lleva tiene solo tres procesos de consultas en curso, en materia de minería, sin contar las condiciones en que éstos se dan, lejos del espíritu del derecho a la consulta previa planteado por los pueblos indígenas.
Dichas intervenciones dieron lugar a un conjunto de reflexiones y consultas que enriquecieron el debate, por lo que expresamos nuestra satisfacción y compromiso de seguir difundiendo y promoviendo el trabajo por los derechos humanos y de los pueblos indígenas como parte de nuestro objetivo y quehacer institucional.
11 de diciembre de 2015