Por Milton López
La familia Chaupe no puede vivir tranquila en su territorio del distrito de Sorochuco, parte alta de la región Cajamarca, por las denuncias que caen sobre esta desde hace dos años por usurpación de tierras.
La empresa Yanacocha aduce que la familia Chaupe ha invadido sus territorios, los cuales, afirman, han sido comprados en el año 1994 a directivos del distrito de Sorochuco.
Por ello, Yanacocha los demandó ante el juzgado de la provincia de Celendín por usurpación de propiedades, ya que la vivienda bloqueaba los proyectos mineros de la empresa.
El ingeniero Carlos Cerdán Moreno ha demostrado que la supuesta compra de Yanacocha no cubre el territorio de los Chaupe. Esto significa que los dos años de juicios, de denuncias, han sido producto de un error. La posesión de los Chaupe no está dentro de los linderos de la empresa minera.
Ante la denuncia interpuesta por Yanacocha, el juez de turno ordenó el desalojo inmediato de la familia así como un pago de reparación civil.
Los esposos Máxima y Jaime Chaupe afirman que los ingenieros de Yanacocha han comprado los terrenos colindantes y han incluido en su plano el terreno que les pertenece.
El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, decidió apoyar a la familia Chaupe con una abogada, Mirtha Vásquez, quien apeló la sentencia de la primera instancia ante la Sala Penal de Cajamarca.
La apelación consiguió su cometido, ya que se anuló la sentencia y todo el juicio anterior “por contener no solo errores de tipo jurídico y de hecho, sino por haber obviado valoración de pruebas fundamentales que obran en el proceso”.
Dentro de estas “pruebas fundamentales” encontramos títulos de propiedad en regla de la familia Chaupe. Además de esto, la nueva sentencia declara el inicio de un nuevo juicio.
Es así que el 12 de noviembre sucede la segunda audiencia del reinicio del juicio, donde tanto el juez como el fiscal actuaron de manera déspota, según Raquel Neyra, miembro de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
Neyra señala que incluso el fiscal preguntó con actitud despectiva a Isidora Chaupe, hija de la familia, que ella debía saber cuánto debía medir un terreno porque estudiaba economía.
También le increpó de qué tamaño sería la choza que habitaban: “¿No sabe usted si uno o dos metros cuadrados? ¿Viven ahí 6 personas?”
Ante ello la hija respondió: “Una choza es una casa digna, señor fiscal, y la gente que vive ahí, como los Chaupe, la hacen aún más digna, sepa usted”.
Por la tensión que se respiraba en la sala del juzgado, la madre, Máxima Chaupe, tuvo que retirarse un momento.
La tercera audiencia oral tendrá lugar el 21 de noviembre.