Desde nuestra llegada a la capital de Colima, las y los integrantes de la Misión de Observación hicimos un planteamiento claro y conciso sobre las perspectivas por las cuales nos agrupamos representantes de Redes, Académicos, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales y Medios de Comunicación de distintas partes del mundo y del país, mismas que ratificamos siempre fueron “hacer una documentación de hechos sobre las graves afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social”.
En primer lugar, queremos resaltar que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el Gobierno Federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.
Esta política entreguista y de despojo genera que el 44% del estado de Colima haya sido entregado1 en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado.
Dos de estas concesiones ocupan el territorio agrario de Zacualpan, lo cual llevó a las y los integrantes tanto de la comunidad como del núcleo agrario a buscar información sobre ello, a la vez que solicitaron apoyo y acompañamiento de la organización Bios Iguana. integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA), con el propósito de iniciar un proceso de investigación sobre dichas concesiones, el cual a su vez, derivó en una serie de iniciativas en defensa del territorio para evitar el saqueo de las tierras, la contaminación del agua que abastece a prácticamente a la ciudad de Colima y toda la zona conurbada, además de evitar los gravísimos daños a la salud y al ambiente ocasionados por las mineras que hoy están ampliamente documentados en prácticamente todo el mundo.
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