Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño de la República de Colombia se pronunciarían, por Sí o No, a la explotación minera en su territorio. La consulta se realiza, pese a lo decidido por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el Ministerio de Hacienda y el órgano electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.
San Lorenzo es un municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú. El agua que brota de las montañas provee a acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, sino también beneficia a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La producción del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca el cultivo de café de alta calidad, frutales, diversos alimentos y desarrollo de pequeña ganadería.
En el año 2008, sin consultar a las comunidades, se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia la exploración de los proyectos mineros la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo, y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda. Al poco tiempo, los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales y sociales, como la violencia, que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional. Este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuar creando conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales. A pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.
Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros para tratar sobre la implicancia de la minería en ámbitos locales, regionales y departamentales. Es precisamente en el foro de “Agua y minería”, realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño), que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.
De inmediato, se inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad para su realización. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales. La decisión de la Corte Constitucional fue que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como el Consejo Nacional Electoral exige acatar la determinación de la Corte y ordena suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el poder legislativo se pronuncie frente al tema.
En la actualidad, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados. Sin embargo, en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio; por lo cual, la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado a las futuras generaciones.
Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio” que es promotor de la consulta, decidieron continuar el proceso democrático de la consulta popular de manera legítima y convocaron para realizarla el 25 de noviembre de 2018. El objetivo es que jóvenes y adultos participen activamente y se cuantifique, tanto la oposición a la realización de proyectos megamineros como la promoción de la protección del agua y la vida, en el Municipio de San Lorenzo.
Serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe destacar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integrantes del comité.
Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42196-consulta-popular-legitima-en-san-lorenzo-narino