Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Luego de haberse destrabado la posibilidad de realizar en Oporapa una Consulta Popular en la que sus habitantes decidirían si se permitía o no la implementación de represas hidroeléctricas o proyectos de extracción minera, tras superar una serie de obstáculos de tipo legal, y tras la presentación de una Acción de Tutela en la que el alcalde de ese municipio solicitaba la financiación de ese ejercicio democrático por parte del gobierno nacional, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pretensión y dejo sin la posibilidad de costear la elección con recursos oficiales.
Así se conoció en las últimas horas al ser notificado el alcalde oporapense a quien se le ratifica en la decisión que no es obligación del Estado costear por completo el despliegue logístico de ese mecanismo de participación ciudadana dado que la Ley 1757 de 20165 no impone esa obligatoriedad a las instituciones oficiales del nivel central.
La Acción de Tutela fue presentada por el alcalde Pablo John Trujillo Motta como apelación a la primera instancia fallada en contra de su pretensión por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, decisión que fue ratificada en el nuevo fallo.
Pese a que en diciembre pasado y tras superar varias dificultades para lograr la aprobación de la Consulta Popular en donde se había definido como fecha para el llamado a las urnas en Oporapa para el 25 de febrero de 2018, la Consulta Popular no se pudo realizar por falta de recursos económicos.
Ahora les corresponderá a los líderes y habitantes de ese municipio conseguir la financiación de la Consulta Popular si quieren que esta se realice pese a que, en otros municipios del país, se dio vía libre institucional a similares convocatorias ciudadanas, el mandato implica que sea el mismo ente territorial quien cubra ese emolumento.
En Oporapa la Multinacional Emgesa, tenía proyectado instalar una represa con capacidad de 280 megavatios, la cual impactaría comunidades como Alto San Francisco, Paraguay, San Ciro y La Maica sin embargo el gerente general de esa multinacional, anuncio que la solicitud de licencia ambiental presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, fue retirada.
Los habitantes de Oporapa, temen también por la autorización a explotaciones mineras como se comprobó al existir en trámite solicitudes para la explotación de oro, materiales de construcción y agregados pétreos, así como el trámite del proyecto de perforación exploratoria San Gabriel.
Fuente:http://lavozdelaregion.co/consulta-popular-contra-represas-y-mega-mineria-en-oporapa-no-sera-financiada-por-el-estado/