03 de Octubre 2011
Victoria de Portete- Azuay. Cientos de personas acudieron a las urnas. Se instalaron cuatro juntas para que los electores decidan si permiten o no la actividad minera en su zona.
Luego de cinco horas de consulta popular comunitaria en la parroquia Victoria del Portete, convocada por el Sistema Comunitario de Agua Potable, a la que asistieron 1.037 votantes, de los 1.500 registrados con derecho al agua, las cuatro Juntas Receptoras del Voto cerraron a las 15:30 con una tendencia mayoritaria: ‘No’ a la explotación minera.
Un total de 958 votantes, es decir un 92,38%, respondieron que no quieren que se realice la minería en el cerro Quimsacocha, cantón Girón. Solo 47 optaron por el ‘Sí’, lo que representó el 4,53%; los blancos fueron 18, para un 1,73%; mientras que los nulos fueron 14, el 1,35% de votantes.
El acta final fue suscrita por la presidenta del Tribunal Electoral, Martha Arévalo, y los vocales Lauro Sigcha; Jacinto Torres y María Paute. Carlos Pérez, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas del Azuay, filial del Sistema de Agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, dijo que los resultados son “un mandato popular” y que el Estado debe respetarlos, pese a que este comicio no tenía el aval oficial.
Los moradores de las dos parroquias se oponen a la concesión para explotación minera en el sector desde hace 9 años y desde hace dos, protestan contra la empresa canadiense I am Gold, que cuenta con una concesión para exploración.
Además ayer el Consejo Cantonal de Cuenca publicó un manifiesto en el que declara la moratoria de la explotación minera en las áreas donde existen fuentes de agua, hasta que se presenten informes técnicos de entidades contratadas fuera del país, proceso que según el alcalde Paúl Granda ya se inició semanas atrás.
Al abrir la votación, los asistentes primero participaron en una ceremonia ritual de agradecimiento por el agua. Participaron quince observadores nacionales e internacionales.
Para Elsi Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Ceduh), esta consulta es “totalmente legítima” y está avalada por acuerdos internacionales.