13 de enero del 2011.
Por Raúl E. Chacón Pagán
¿Qué tiene en común el conflicto por la laguna Conococha, que estalló a fines del año pasado, en la sierra de Ancash, con el recientemente reeditado conflicto del Estado peruano con la Doe Run Perú?
En apariencia, nada, pues en el primer caso se generó todo un movimiento ciudadano ambientalista, incluso con la muerte de un joven comunero de por medio, para defender un recurso hídrico vulnerable como la laguna ancashina, y en el segundo, es la empresa contaminadora, Doe Run Perú, la que ahora ha amenazado públicamente con defender sus derechos corporativos ante instancias internacionales, acogiéndose a un capítulo del TLC con los EE.UU. Sin embargo, debajo de ambos casos hay un sustrato de derechos sociales y ambientales violados por dos empresas mineras y, en no poca medida, el mismo Estado que tiene el deber de garantizarlos y defenderlos.
El conflicto por Conococha fue públicamente conocido a nivel nacional e internacional, por su inesperada magnitud e intensidad, en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, y la capital regional, Huaraz, pese a que su factor desencadenante era aparentemente pequeño y de mínimo impacto, por tratarse “apenas” de inofensivas perforaciones mínimas. Al menos, como se suele hacer en la fase exploratoria, esa fue la versión que desde el principio dio la empresa Chancadora Centauro, también presente en zonas mineras como la región de Pasco (cerca del famoso tajo abierto de Cerro de Pasco), la cual suscribieron (y aún suscriben) los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas para autorizar el “mínimo” proyecto exploratorio. Como si detrás de la exploración no viniera la explotación, en este caso en una zona vulnerable, además de ya impactada hídricamente por causas a estudiar. Pero tras la paralización de la misma capital regional, Huaraz, por varios días, con severos destrozos de por medio, además de una irreparable pérdida humana de la comunidad de Utucuyacu, el campesino y padre de familia Muñante Cadillo (33 años), la empresa minera “luego de evaluar la situación en la que se encuentra la zona del proyecto”, según enfatizó por una emisora radial nacional el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió suspender indefinidamente sus operaciones.
Ante esto, al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no le quedó más que revocar la autorización de la exploración, con lo cual el proceso administrativo de la empresa minera quedó suspendido, o anulado en la práctica. Así, la empresa no tuvo otra que retirarse ante el inesperado rechazo social, al margen de los presuntos intereses políticos adversos de por medio, además de la falta de apoyo estatal, puesto que nadie en el Ejecutivo ni el Legislativo, mucho menos al inicio de la etapa pre electoral, se pronunciara abiertamente a su favor tras la escalada del conflicto.
Pese a todo, el ministro Sánchez, fiel a su rol oficial de promotor minero, lanzó veladamente por la misma radio una recomendación a la empresa, y otras como ella para casos similares, que también podría leerse como una sutil lavada de manos: “la empresa tendría que trabajar mucho más no sólo a nivel de la zona de influencia directa del proyecto, donde ha logrado acuerdos, sino también en la ciudad, a efectos de lograr una mejor posición para el proyecto”. Lo cual no es tan cierto, pues sólo estaba a favor del proyecto el caserío de Huambo, en efecto, el más cercano a Conococha, pero los ríos que nacen de esa laguna (Pativilca y Santa) riegan a los valles del Santa y Fortaleza, cuya población campesina se opuso, no sólo la citadina de Huaraz.
Además de que no se asume que existan impactos ambientales potenciales, sino que debe manejarse mejor como éstos son vistos por la gente de todos los sectores sociales, a fin de prevenir o evitar conflictos sociales, injustificados a fin de cuentas. O al menos, aplicando la lógica técnica (que suele favorecer a los proyectos de inversión), conflictos no del todo justificados, pues aun no existen los estudios hídricos que sustenten los posibles impactos de una operación minera, sólo exploratoria por añadidura, en la zona de Conococha. Y es que el principio precautorio es ajeno al principio economicista del actual gobierno peruano, con el discurso de “vengan todas las inversiones para hacer desarrollo nacional, a menos que sean perros del hortelano”.
Cabe añadir, según testimonios de la zona, que la laguna Conococha sólo tiene hoy unos dos metros de profundidad, cuando antes tenía más de 10 metros de profundidad, en unas tres hectáreas de superficie, que antes eran entre seis y doce hectáreas. Disminución que algunos atribuyen a operaciones no conocidas ni fiscalizadas de la minera Antamina, pues por la zona pasa su mineroducto, que baja concentrados mineros desde las alturas del distrito de San Marcos, de donde los extrae, y llega al puerto de Huarmey, donde son embarcados para ser exportados a su destino final. Y, coincidentemente, el espejo de agua de la laguna habría disminuido justo durante los años en que está operando Antamina, desde principios de esta década.
En cuanto al caso de Doe Run Perú, al cual dedicamos ya varios editoriales previos, como se verá en el resto de este boletín, sólo queda añadir que algunos expertos, como los economistas Jorge Manco y José de Echave, han advertido agudamente lo que se podría venir en contra de los intereses públicos peruanos (ambiente y salud), si nuestros funcionarios siguen al paso que van: Sin estar siquiera debidamente informados de las implicancias peligrosas del TLC con los EE.UU. para el país y su medio ambiente. Y seguir a ese ritmo no sería lo mejor para defender el derecho a la salud de los oroínos, después de haber permitido que la empresa de origen norteamericano lo viole desde su llegada a la zona en 1997. Además de haber enviado desde entonces utilidades bajo formas encubiertas a su matriz norteamericana, como lo demostró un estudio de ESAN.