Denuncia Pública
La Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales contra la Minería a Cielos Abiertos y el Comité Ambientalista del Valle de Siria, denunciamos la negativa del gobierno y de manera particular del Congreso Nacional, a escuchar y atender las demandas de la sociedad civil, con relación al proyecto de Ley de Minería.
Miedo a la transparencia y diálogo con el pueblo
La Comisión de Minería, presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar, se comprometió en mayo del 2011, ante representantes de más de 20 organizaciones sociales y ambientales de todo el país, a discutir ampliamente los contenidos del proyecto de Ley, previo a su aprobación por el pleno de la Cámara Legislativa.
Pero durante los meses siguientes, lejos de cumplir con su palabra, este parlamentario se dedicó a denigrar a los organizaciones ambientalistas, expresando en reiteradas ocasiones que las denuncias sobre los daños ocasionados por las empresas mineras carecían de fundamento, exhibiendo desconocimiento de los sendos expedientes que existen en la Fiscalía del Ambiente, y en las Secretarías de Recursos Naturales y de Salud.
Para muestra un caso: El 13 de diciembre del año 2011 se presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Salud, solicitando “se declare la zona del Valle de Siria en emergencia sanitaria, que se atienda en forma inmediata a los afectados por metales pesados, se proceda a realizar nuevos análisis médicos y que se considere el resarcimiento de daños y perjuicios”.
En reiteradas oportunidades, nuestras organizaciones exigieron el dictamen elaborado por la Comisión de Minería, y nuestra demanda fue desatendida siempre por su presidente, el diputado Donaldo Reyes Avelar, bajo el argumento que el mismo no estaba concluido aún.
A finales de enero del 2012 y luego de una fuerte presión nacional e internacional hacia la Presidencia del Congreso, el diputado Juan Orlando Hernández “autorizó” la entrega de una copia del Proyecto a las organizaciones sociales. En esta ocasión nuevamente los diputados Donaldo Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se comprometieron a realizar un foro con amplia participación de las organizaciones sociales y con la presencia de los medios de comunicación como testigos.
Bajo ese compromiso, nos dimos a la tarea de estudiar cuidadosamente el proyecto de Decreto y le comunicamos a la presidencia del Congreso y de la Comisión de Minería que teníamos serias divergencias con el dictamen parlamentario, y propuestas alternativas, porque bajo su redacción actual, la nueva Ley de Minería, sería más lesiva, permisiva y entreguista que la vigente.
Pese a reiteradas solicitudes para reunirnos durante los últimos meses, la Comisión de Minería ha hecho oídos sordos a nuestras exigencias, demostrando que su palabra no tiene ningún valor, y la ausencia de compromiso con los intereses del pueblo; lo cual contrasta con la posición asumida cuando las demandas son hechas por el gremio minero nacional y los inversionistas extranjeros, con quienes al parecer, si están dispuestos a consensuar el contenido de la nueva Ley de Minería.
La intolerancia de los dictaminadores al disenso con su posición es de tal gravedad, que el propio vicepresidente de la comisión, diputado Marcio Vega Pinto, denunció recientemente a Reyes Avelar y Dubón Bueso, por haberlo excluido de las reuniones de trabajo y aseguró que han sesionado en secreto fuera de Tegucigalpa, para elaborar el dictamen sin la participación de algunos miembros de la comisión.
Honduras al mejor postor
Mientras el Congreso rehúye dialogar con las organizaciones sociales, el ministro de la Recursos Naturales (SERNA), Rigoberto Cuellar, junto al actual director de DEFOMIN y ex Fiscal Especial del Ambiente, Aldo Santos, viajaron a Canadá, para promover las “bondades del proyecto de Ley de Minería”, en la convención anual de inversionistas mineros, realizada recientemente en Toronto.
La SERNA también firmó un Acuerdo de Cooperación con el gobierno canadiense y con el Ministerio de Minas de Chile, para que les “asesoren” sobre los contenidos y las formas de implementación de la ley de minería.
Cerrar las puertas a la participación ciudadana y abrir la puerta a gobiernos extranjeros para que le den el visto bueno a la ley de Minería es un acto que viola la soberanía nacional, porque hace participes de la creación de leyes nacionales a gobiernos extranjeros.
Lo antes expuesto, sólo nos confirma lo que siempre hemos sabido: “Que existe un plan premeditado y calculado, para cerrar las puertas, los oídos y los ojos al reclamo del pueblo y a los graves problemas que viven las comunidades donde hay proyectos mineros en marcha; mientras se abren las puertas a una nueva fase de destrucción masiva de nuestros recursos que con seguridad generaran mayor pobreza, agotamiento de los recursos naturales, enfermedades y muerte, por las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados, que al facilitar la entrega de nuestro territorio y nuestros recursos a las transnacionales mineras, están condenando a la presente y futuras generaciones”.
Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se han confabulado con los funcionarios de SERNA y DEFOMIN, para cabildear una Ley de Minería lesiva a los intereses del pueblo Hondureño, lo que sin lugar a ninguna duda, dará paso a una mayor conflictividad en nuestras comunidades, dispuestas a hacer lo que sea necesario para defender sus territorios, sus recursos y sus medios de vida, ante el despojo que significa la llegada de corporaciones transnacionales mineras, amparadas bajo la ley que estos personajes están dispuestos a aprobar, a espaldas del pueblo Hondureño.
Como organizaciones sociales, exigimos al Congreso Nacional, dejar a un lado su prepotencia, e iniciar un proceso abierto y transparente de participación, en el que la ciudadanía Hondureña tiene mucho que aportar.
Finalmente queremos insistir en que nuestras comunidades han expresado su intención de defender sus recursos naturales frente a las explotaciones mineras, forestales e hidroeléctricas; por tanto: responsabilizamos al Congreso nacional y al Poder Ejecutivo de los conflictos que con seguridad surgirán, al aprobarse al margen de la voluntad popular, una ley de minería que desconoce y niega los derechos humanos básicos de nuestra población.
Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2012
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y COMITÉ AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIARESUMEN CASOS ENFERMOS DEL VALLE DE SIRIA