El Congreso dominicano aprobó el miércoles una ley que convierte en Parque Nacional una montaña donde una filial de Glencore Xstrata tiene una concesión, en medio de protestas contra el proyecto minero que dejaron al menos dos muertos y varios heridos.
La decisión legislativa, que bloquea los planes de la empresa para explotar 19 millones de toneladas de ferroníquel y a la que se opuso sólo el senador de la zona, debe aún ser ratificada por el presidente Danilo Medina.
Abogados de Falcondo, la filial de Glencore Xstrata que tiene la concesión de Loma de Miranda desde hace más de medio siglo, advirtieron que República Dominicana se expone al pago de una compensación de unos 4.000 millones de dólares o a una presentación ante un tribunal internacional.
Los legisladores argumentaron que con la aprobación de la ley se protege un ecosistema de gran valor para la producción de agua y bosque a unos 80 kilómetros al norte de Santo Domingo.
Al mismo tiempo de la votación, grupos realizaron protestas callejeras con un saldo de al menos dos muertos por disparos y varios heridos, incluidos dos oficiales de policía en el norte del país que fueron atacados con armas de fuego.
El conflicto se inició hace dos años cuando el obispo de la zona, Monseñor Antonio Camilo, junto a 50 sacerdotes se opusieron a la extracción de materiales en la montaña, en abierta polémica con ejecutivos de la empresa.
La minera, que tiene otras actividades en la zona, dijo que con la paralización se afecta a una operación que ha creado más de 12.000 puestos de trabajo.
Y en la que se ha invertido «más de 2.000 millones de dólares en pago de impuestos y dividendos al gobierno dominicano, más de 1.000 millones de dólares en mano de obra local, más de 500 millones de dólares en pagos a suplidores y contratistas dominicanos y más de 50 millones de dólares en proyectos de inversión social», agregó.
«Con la operación de Miranda, la economía dominicana recibiría unos 5.700 millones de dólares durante los próximos 20 años», dijo un comunicado de Falcondo, una empresa en la que el Estado dominicano es socio con un 50 por ciento.
La empresa detalló que tiene concesiones del Estado para operar la minería desde 1956 y que sólo ha minado el 16 por ciento de la extensión de sus propiedades, dejando el 84 por ciento como superficie boscosa en toda la región del Cibao.