Cooperaccion – septiembre 2021
Como es sabido, las provincias altas del sur andino, como Cotabambas y Grau en Apurímac y Chumbivilcas y Espinar en Cusco, le dieron un respaldo masivo al presidente Castillo en las pasadas elecciones generales. Votaciones por encima del 90% convirtieron a estas provincias en las zonas de mayor respaldo electoral para Perú Libre y en una de las bases principales de su triunfo.
Sin embargo, es precisamente en esta zona donde el gobierno viene enfrentando los primeros grandes retos en materia de conflictividad social. A los pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, tuvo que viajar a Chumbivilcas -su lugar de origen-, para intentar desbloquear un nuevo conflicto que había estallado en la zona. Pese a los intentos y una supuesta tregua por 60 días, los bloqueos de carretera han continuado y la situación, por el momento, sigue sin visos de solución, ya no solo en Chumbivilcas, sino también en otros puntos del denominado corredor minero del sur.
Todo indica que del lado de la población de esta zona del país, la identificación con el nuevo gobierno también implica la expectativa y la exigencia de encontrar soluciones rápidas a los conflictos que vienen de mucho tiempo atrás. Lo que aparentemente esperan es que ‘su gobierno’ les dé respuestas definitivas y soluciones reales.
Sin embargo, del lado del gobierno no está del todo claro cómo se van a abordar demandas que, para comenzar, se deben reconocer como complejas; con agendas fragmentadas, multiplicidad de actores, sobre-expectativas, entre varios otros factores. Lo cierto es que hasta el momento, pareciera que desde el Ejecutivo se han cifrado las expectativas en, por ejemplo, la vinculación y el conocimiento de la zona por parte del premier Guido Bellido, como si eso fuese suficiente para darle solución a las demandas y así desactivar los conflictos. La realidad está demostrando que encaminar los conflictos por vías pacíficas, de diálogo y encontrar soluciones duraderas, no será una tarea fácil.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Energía y Minas se han lanzado algunos anuncios que, nos imaginamos, buscan colocar temas supuestamente novedosos como respuesta a las demandas que existen en la zona. ¿Algunos ejemplos? Según el Ministro de Energía y Minas, el denominado corredor minero del sur andino ahora se convertirá en un nodo minero; los proyectos deben responder a un enfoque territorial y al criterio de rentabilidad social; se va a optar por la construcción de un ferrocarril minero del sur, que uniría las provincias alto andinas de Apurímac y Cusco con la costa. Sin embargo, hasta el momento no se le ha dado mayor contenido a estas propuestas y no queda clara su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, si de esta manera se piensa lograr cambios sustantivos en las reglas de juego del sector minero y cubrir las expectativas de las poblaciones.
Pero del lado de las poblaciones también hay varios temas pendientes por resolver. Por ejemplo, será difícil obtener resultados si se mantiene la alta dispersión y la fragmentación organizativa que se presenta en la zona. Al mismo tiempo se debería hacer un análisis de cuáles son las agendas legítimas que representan a las comunidades, qué pedidos tienen un sustento sólido y qué hechos representan una clara afectación a sus derechos colectivos. Trabajar la agenda legítima, fortalecer sus espacios organizativos, evitar la fragmentación y plantearse objetivos claros a partir de un enfoque de derechos, parece ser parte importante de las tareas pendientes del lado de las comunidades.
La solución a este conflicto pasa por reconocer que se han cometido muchos errores en la larga historia del proyecto Las Bambas y del corredor minero: el cambio inconsulto del medio de transporte (de mineroducto a carretera); la construcción de la vía imponiendo hechos consumados, sin una adecuada negociación y violando en muchos casos los derechos de propiedad de las comunidades; y los incesantes cambios en los instrumentos de gestión ambiental (12 cambios en poco más de 5 años). Es esta historia la que explica el malestar de las comunidades y la complejidad y fragmentación de las demandas.
Lo que sí debe quedar claro es que cualquier salida a la problemática de territorios como los del sur andino tiene que ser construida con los actores del propio territorio, es decir con las comunidades y sus organizaciones, autoridades locales y regionales, entre otros. Ya no se puede seguir aceptando que las decisiones sobre qué pasa o deja de pasar en los territorios se siga tomando por fuera y por actores extraterritoriales.
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