Por Norma Giarracca
Durante gran parte del siglo XX, en los ámbitos universitarios se discutió si el conocimiento social podía orientarse a satisfacer demandas de factores de poder sospechados de generar políticas de control social represivas. Siempre aparecían, además del sujeto universitario, el Estado y algún organismo internacional que llevaba a cabo una política semejante en toda la América latina y había financiado el estudio. En nuestros días, a algunos sujetos universitarios estos dilemas les son lejanos, los desconocen o se los trata sin ningún tipo de pudor (como cuestiones del «pasado»).
08/05/2011. ¿Cambiaron las condiciones de aquel debate?
La situación a la que me voy a referir –recursos naturales y los conflictos generados en sus territorios– implica la misma intensidad conflictual e igual o más cantidad de hechos que los que estaban en danza en aquellos debates del pasado.
Los conflictos en cuestión y la falta de resolución por los fuertes poderes económicos que intervienen son por todos conocidos en la actualidad: los qom cinco meses en Buenos Aires reclamando derechos después de varias muertes, el poderoso Benetton litigando contra una familia mapuche, el asesinato de Javier Chocobar, las peripecias judiciales de los campesinos del Mocase y de la mayoría de las organizaciones campesinas del país. Todas ellas son situaciones que se producen en provincias con baja calidad institucional, con poderes judiciales conectados por relaciones familiares, amistosas o de clase con los poderes económicos y cuerpos especiales policiales que los gobiernos no dudan en crear y utilizar.
Por todo esto, llama poderosamente la atención que una universidad nacional asuma el trabajo de detectar y mapear los conflictos por tierra del país en el marco de un programa del organismo internacional que más ha contribuido a aplicar las políticas neoliberales en el campo argentino: el Banco Mundial. Asimismo, llama la atención que se pida abierta y masivamente a quienes tengan información que «contacten a los relevadores». Aquello que hace unas décadas se hacía casi oculto por la vergüenza y sanción social que despertaba otorgar información sobre conflictos sociales a los organismos del «imperio» (para usar la terminología de aquella época), hoy se lleva a cabo sin pudor alguno.
Las universidades públicas tienen información sobre conflictos sociales, existen amplios bancos generados por investigadores y organizaciones sociales en múltiples formas de colaboración y en el marco de un ineludible compromiso y principios éticos. Esa información, en forma agregada, ha estado siempre a disposición de los poderes públicos que deseen discutir políticas de tierra en los ámbitos donde el Estado democrático discute estas cosas. No hacen falta bancos de conflictos con información pormenorizada de los sujetos y los territorios para llevar a cabo estas tareas. No interrogo acerca de para qué un organismo internacional, paradigma del modelo neoliberal, necesita esa información; es un problema del Estado argentino averiguarlo.
Deseo interrogar acerca de si la universidad pública es la institución que debe facilitar ese conocimiento. Pregunta que reenvía a una cuestión ética y autorreflexiva en la formación del cientista social para poder hacer frente y resolver estas aporías.
Hay límites que no pueden pasarse y que deben discutirse públicamente en cada época: a mi juicio, se puede trabajar privadamente para los organismos internacionales; se pueden trabajar por convenios universitarios (aun cuando los considero criticables) distintos temas en el nivel macro-institucional que no involucren información específica de sujetos y territorios; pero se necesita un límite estricto cuando se trata de temas de conflictos sociales, ya que allí residen tópicos tales como control social, criminalización de la protesta, escenarios provinciales donde hasta es posible asesinar sin correr demasiado riesgo (caso Chocobar). Se podrá argumentar que estamos en gobiernos democráticos y que trabajar para estas administraciones es lo correcto. Por supuesto, pero hay que mantener el principio de que el conocimiento se produce en espacios con autonomía científica, no «a pedido» de organismos cuestionados profusamente.
Los conocimientos universitarios se ponen a disposición de la democracia en situaciones de mucha claridad (publicaciones, libros, audiencias públicas del Congreso Nacional, etc.). Generar y poner informaciones de este tipo a disposición de los organismos internacionales que produjeron los graves problemas que sufren estas poblaciones ahora en conflicto es muy grave y amerita ser revisado, discutido y, si no es posible porque el poder lo avala, rechazado por quienes aún creemos en valores éticos del accionar universitario.
Norma Giarracca: Profesora de Sociología Rural, Grupo de Estudios Rurales (UBA).