En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.
En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).
Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).
Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.
Defensoría: El sector minero concentra el mayor número de conflictos socioambientales
Publicado 17 del 01 de 2019
En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.
En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).
Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).
Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.
En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.
En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).
Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).
Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.
En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible. 
Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la 
“Mata a la que está con waraqa (honda), mata a esa chola de mierda, dale, dale”. Ésta fue la orden del oficial a un agente de policía para que asesinara -en junio de 2011- a la activista Petronila Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco personas y decenas resultaron heridas por los disparos de policías y soldados. Alan García, del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba en las protestas contra los proyectos mineros en la región de Puno, por ejemplo el de Santa Marta, de extracción de plata, desarrollado por la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y 2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más de 800 eran objeto de criminalización durante 2017 (“líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en 2017 fueron asesinados ocho defensores ...
Mesa de diálogo liderada por, el ahora Presidente, Martin Vizcarra. Año 2016. Foto: Perú 21 El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos […]
El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas de diálogo). Además, la norma crea los comités de seguimiento de acuerdos.
En el listado de espacios que dejan de existir formalmente, se encuentra el Grupo de Trabajo denominado Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, creado por la Resolución Ministerial N 263- 2015- PCM.
Esto ha generado malestar en las organizaciones sociales de Cotabambas ya que éstas habían venido exigiendo que la mesa de diálogo que se había instalado el 2016 se reactivara para tratar los puntos pendientes de la agenda aprobada. Esta agenda planteaba un eje sobre derechos ...
Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en 
Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.
Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.
Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ...
Hace pocas semanas el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. En el proceso de revisión de dicho instrumento, SENACE acogió en parte las diversas voces que venían señalando las debilidades en la gestión ambiental del componente de transporte minero, es decir, el uso de la carretera que conecta Apurímac, Cusco y Arequipa para el traslado del concentrado de mineral.
En efecto, a la luz de los impactos del transporte de carga pesada por la carretera que conecta Las Bambas con la estaciones de Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación de Impactos de la ruta de transporte”. Como se recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el ruido ocasionado por el paso de 250 camiones diarios, son algunos de los impactos más mencionados por la población local, a tal punto que la carretera ha sido motivo de los mayores conflictos sociales hasta el momento en este proyecto.
Sin embargo, ¿este estudio resuelve todos los problemas derivados del transporte minero? Según el recurso de apelación presentado hace poco ...
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yavi Yavi.
Los comuneros y comuneras han cavado zanjas y colocado piedras en varias partes del camino, y los camiones que transportan el concentrado de minerales de la empresa Las Bambas no pueden circular. Sin embargo, la población sí está permitiendo el pase de otros vehículos particulares.
Los manifestantes señalan que los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía son de propiedad privada de la comunidad, pues la mina compró dichos terrenos y se los dio en compensación.
Por el momento no se reporta presencia policial en la zona, pero sí una gran situación de tensión.
La carretera es uno de los componentes del megaproyecto minero Las Bambas que viene causando mayor conflictividad en la zona, tanto por sus impactos ambientales (vibración, ...
Las Bambas aún tiene observaciones sin levantar en temas como agua y calidad de aire. Así lo ha considerado el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, respecto de las Tercera Modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de este megaproyecto minero.
Las Bambas aún tiene observaciones sin levantar en temas como agua y calidad de aire. Así lo ha considerado el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, respecto de las Tercera Modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de este megaproyecto minero, la misma que fuera recientemente aprobada por la autoridad ambiental. Por ello, esta organización social ha presentado un recurso de apelación y pide anular la aprobación de esta tercera modificatoria, para realizar los cambios necesarios.
Como se sabe, a inicios de octubre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó esta Tercera MEIA, que permitirá a la empresa ampliar el tajo Ferrobamba y diversos componentes del proyecto minero, tales como los almacenes de concentrados y el depósito de desmonte. Este nuevo cambio fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR. Según se informó, ...