Una empresa minera estadounidense está demandando a Guatemala por un proyecto cerrado. El estado confió en las comunidades afectadas para montar una defensa legal, pero ahora está tratando de eludirlas para abrir la mina.
Ana Sandoval 05/12/2022
Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.
La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.
La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida ... Leer más
UNA DEMANDA MINERA EN GUATEMALA MUESTRA CÓMO LOS TRIBUNALES COMERCIALES PONEN A LOS LOCALES EN ÚLTIMO LUGAR
Publicado 06 del 12 de 2022
Una empresa minera estadounidense está demandando a Guatemala por un proyecto cerrado. El estado confió en las comunidades afectadas para montar una defensa legal, pero ahora está tratando de eludirlas para abrir la mina.
Ana Sandoval 05/12/2022
Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.
La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.
La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida ... Leer más
Una empresa minera estadounidense está demandando a Guatemala por un proyecto cerrado. El estado confió en las comunidades afectadas para montar una defensa legal, pero ahora está tratando de eludirlas para abrir la mina.
Ana Sandoval 05/12/2022
Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.
La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.
La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida ... Leer más
El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.
El recurso jurídico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.
Desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.
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La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero “El Tambor”, que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Exmingua es filial de la firma estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que en 2012 adquirió las participaciones de la canadiense Radius Gold Inc. Ante la paralización de la iniciativa, denominada “Progreso VII Derivada”- en mayo de 2018 la minera Exmingua anunció la intención de presentar una demanda –en un procedimiento de arbitraje internacional- contra el Estado de Guatemala por 300 millones de dólares. La demanda de indemnización se fundamentaría en las disposiciones ...
Pobladores de La Puya, San José del Golfo, llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) a realizar un plantón para exigir que el máximo tribunal resuelva los fallos para detener la actividad minera en esa zona.
Unas 100 personas, vecinos de San José del Golfo, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Pacífica La Puya, llegaron a la Corte de Constitucionalidad a manifestar con pancartas, mantas, bocinas y música.
Los pobladores piden a la CC que resuelva los fallos de las acciones interpuestas que buscan detener la actividad minera en el lugar.
Fuente:http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pobladores-de-la-puya-piden-a-la-cc-fallos-contra-mina