Las movilizaciones en defensa de los derechos de las comunidades contra la imposición y los impactos de la minería se multiplican en todo el Perú: en las regiones de Cajamarca, Ancash y Apurímac los conflictos se agudizan.
Y solo cuando estos estallan el gobierno llama al diálogo, pero advirtiendo que «los contratos serán respetados». ¿Y los derechos no se respetarán? ¿Dónde está entonces la «gran transformación» respecto de gobiernos anteriores?
Los problemas con la minería, que constituyen la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú, continúan. Las minas se instalan en las cabeceras de cuenca, afectan las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas (agricultura, ganadería). Desde la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000), los gobiernos sucesivamente han otorgado todas las facilidades a la inversión minera, lo que se ha traducido en impactos ambientales y sociales, daños a la salud, despojo de territorios, etc.
Los pueblos votaron y le dieron el triunfo al actual gobierno porque éste prometió revisar los temas mineros. En un mitin de campaña en Bambamarca (región Cajamarca, donde el proyecto minero Conga ha despertado un rechazo generalizado), el 2 de mayo del 2011, el hoy presidente Ollanta Humala dijo textualmente: «Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca y Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para todos los peruanos…».
Pero ahora el Presidente de su Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dice que el proyecto minero Conga está aprobado y solo se va a dialogar con la población. Es decir, sigue la misma práctica de los gobiernos anteriores: se espera que estalle el conflicto y se dialoga, pero la imposición continúa, acompañada de la represión.
Los conflictos de Cajamarca, Ancash y Apurímac se suman a tantos otros latentes que ya han ocasionado muertes, procesos judiciales, persecuciones, torturas, amenazas…
Ninguno de los proyectos mineros causantes de estos conflictos ha sido sometido a la consulta de las comunidades afectadas, como lo ordena el Convenio 169 de la OIT del cual el Perú es Estado parte. Por tanto, todos son ilegales. Deben revisarse todas y cada una de las concesiones mineras otorgadas y someterlas a consulta. Para eso no hace falta una ley o un reglamento, el Convenio 169 es de cumplimiento obligatorio por sí mismo, porque tiene fuerza constitucional.
El nuevo gobierno está en la obligación de revisar todos los contratos y concesiones relacionados con la minería. Tiene que cumplir con su palabra. De lo contrario, su consigna de «gran transformación» (e incluso la de «inclusión social») será solo un discurso hueco más. Y los pueblos están cansados de tantos y tantos años de promesas incumplidas…
Para ver video: noalamina.org
Lima, 10 de noviembre del 2011
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI