Los conflictos mineros en Perú dejaron 50 muertos y 750 heridos durante los cinco años de Gobierno del presidente Ollanta Humala, cuya gestión concluirá el 28 de julio, afirmaron organismos no gubernamentales a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.
Observatorio de conflictos. Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 18 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2016 y con recomendaciones al próximo gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski. Los organismos ofrecieron, además, un balance sobre el tratamiento que el Gobierno de Humala dio a los conflictos sociales del país, en especial los relacionados con la minería.
217 conflictos por mes. El director ejecutivo de la ONG Fedepaz, David Velazco, indicó que en los últimos cinco años los conflictos sociales se mantuvieron en un promedio de 217 por mes, un 70 % de los cuales tuvo motivos socio-ambientales. En junio pasado se sumaron otros dos conflictos socio-ambientales a los 150 de mayo, de los cuales 95 se encuentran directamente relacionados con la minería, según la Defensoría del Pueblo.
Instituciones ambientales. El directivo de CooperAcción José de Echave consideró que durante el Gobierno de Humala Tasso hubo «un gran retroceso» en el manejo de conflictos ambientales y consideró que esto se debió al «desmantelamiento de las instituciones ambientales y la pérdida de sus capacidades para hacer frente a los conflictos». «Cuando Humala llegó al gobierno en 2011 se despertó una gran expectativa por un cambio político muy publicitado en el manejo de los conflictos sociales que al final no ocurrió y que, al contrario, generó mayores conflictos y llevó al gobierno a cambiar de estrategia de manejo», explicó De Echave.
Flexibilización. El OCM indicó que Humala, que durante su campaña electoral de 2011 se manifestó en contra de varias proyectos mineros, terminó por establecer ya en el poder leyes ambientales a favor de la minería que generaron mayor conflictividad social. David Velázco agregó que entre las medidas ambientales negativas adoptadas por el actual Gobierno estuvo aquella que «flexibiliza los estudios de impacto ambiental» y que establece que de no obtener respuesta por parte del Estado en un determinado tiempo estos «sean aprobados».
Criminalización de la protesta. Asimismo, indicó que con las nuevas normas «se impide a los funcionarios pedir algún documento adicional que consideren necesario al estudio de impacto ambiental». El OCM alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados. EFE
Fuente: RPP.pe