“Naturalmente la mayoría es por proyectos mineros”, aunque también eólicos, religiosos y disputas de tierras, continúa quien fue integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, creada por el gobierno federal en 1995 para dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La minería es una de las actividades que vulneran más a los que viven en un área de explotación, y en México esas áreas abundan. El gobierno federal ha otorgado más de 2,600 concesiones mineras, que abarcan más de 35 millones de hectáreas. “Están generando conflicto o pueden generar conflicto en un futuro”.
70 por ciento de las concesiones mineras son para empresas canadienses, según el servidor público. Explica que para obtener una sola tonelada de metal se debe remover 119 millones de toneladas de tierra, lo cual afecta a 400 hectáreas. A eso habría que sumarle que miles de toneladas de cianuro —una sustancia venenosa usual en la extracción minera—, acaban en los mantos freáticos.
De la extracción minera que hacen otros países en su territorio, México obtiene muy pocos beneficios. Entre 2005 y 2010 las ganancias sólo de las mineras aquí fueron de unos 552 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. A cambio las compañías dejaron en el país alrededor de 6,500 millones de pesos (1.18 por ciento). No se ha cuantificado el costo de la remediación de los territorios afectados.
Martínez Veloz recuerda que durante el gobierno de Felipe Calderón las mineras extranjeras obtuvieron beneficios fiscales, de tal manera que las autoridades mexicanas tienen con ellas gestos que no le perdonarían a un ciudadano de clase media: les devuelven el Impuesto Sobre la Renta y sólo deben pagarlo en sus países de origen.
En México casi nunca se consulta a los afectados por un proyecto o la consulta es amañada, admite. “En la burocracia no hay una cultura de la consulta. Incluso muchos de los servidores que se incorporan al gobierno no ven el asunto desde esta perspectiva, a la que están obligados.
No se trata de parar definitivamente la extracción minera, sino de que esta se haga según la conveniencia de los poseedores, incluso simbólicos de los territorios: “Si los empresarios entienden que el desarrollo del país debe ir de la mano del respeto de los pueblos y que ellos deben gozar gran parte de los beneficios, vamos a tener menos problemas”.
Herramientas de la esperanza
Según Jaime Martínez existen varios elementos jurídicos que de deben atenderse ya, para evitar los conflictos por la violación de los derechos de los pueblos.
Uno es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México firmó en 1991, un instrumento jurídico sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Otro, la reforma al Artículo 1 de la Carta Magna, que obliga a incluir en la Constitución todos los convenios internacionales que ha firmado México.
Además, un protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a hacer una consulta, en la lengua del pueblo, sobre sus derechos, entre ellos su territorio. El protocolo plantea consultar mínimo tres cosas: el proyecto técnico, los beneficios económicos para el pueblo y a protección del medio ambiente.