En las últimas semanas se percibe cierta preocupación del sector empresarial por lo que considera una falta de decisión del gobierno nacional el hecho de no impulsar adecuadamente los grandes proyectos mineros, mientras que desde diversas organizaciones de la sociedad civil, por el contrario, se considera que el Poder ejecutivo insiste en avanzar con la gran inversión sin implementar reformas tan debatidas como la ley de Consulta Previa o el SENACE.
Más allá de las diferencias de visiones de cuál es el mejor camino para el desarrollo de nuestro país, parecería que en ambos sectores existe un malestar e incertidumbre ante un gobierno que se ha sumido en una suerte de bloqueo, sin que en esta ocasión medie un gran conflicto como ocurrió cuando el gobierno del presidente Humala entró en crisis frente a las protestas contra el proyecto Conga. Ante ello la pregunta que se hacen inversionistas y movilizados es: ¿A dónde quiere ir el gobierno?
Evidencias de esta parálisis son la no oficialización de la base de datos de pueblos indígenas, las contradicciones de los diversos sectores sobre cómo enfrentar un conflicto de baja intensidad como el de Cañaris donde el Alto Comisionado Vladimiro Huaroc no ha logrado construir un liderazgo significativo, y donde el estilo del primer ministro es guardar silencio, el retraso en la reglamentación y nombramiento del jefe del SENACE, las nunca terminadas negociaciones de la ampliación Toquepala de Southern Perú, la poca claridad en el manejo de la relación con el gobierno regional de Cajamarca luego de la cita entre el primer ministro Juan Jiménez y el presidente regional Gregorio Santos, el inesperado y luego olvidado anuncio de la creación de los Frentes Policiales en zonas mineras.
En Noticias SER creemos que a pesar de que en los últimos meses ha habido una disminución de los conflictos vinculados a la actividad minera, ello no significa que de continuar esta errática política, no tengamos una reactivación de los mismos, especialmente de aquellos en los que nada se ha solucionado, sino que a la vez se produzca una retracción de las inversiones mineras que a pesar de la capacidad de presión e influencia que dicho gremio tiene sobre el gobierno, no logra que éste les asegure la viabilidad de sus proyectos. Y si el gobierno nacional cree que prologando las mesas de diálogo se resuelven los conflictos, estará perdiendo una oportunidad para dar un giro en la manera como éstos se deben resolver. Entonces volveremos a la protesta y a la respuesta violenta del Estado que ya sabemos no conduce a ningún lugar.