Conflicto con las comunidades locales y los intentos del Gobierno federal por aumentar las regulaciones, representan el mayor riesgo para las empresas mineras en México, consideró la calificadora Moody’s.
En un estudio sobre el sector en América Latina, consideró que estos elementos constituyen un riesgo para las mineras que deseen invertir en el país.
“La consideraciones ambientales y sociales aumentan los riesgos regulatorios en México”, detalló la calificadora.
En este sentido, aseguró que la falta de un marco regulatorio coherente, podría generar un aumento en las cargas a la industria, como el impuesto ecológico que los estados tienen derecho a imponer.
Moody’s agregó que las mineras enfrentan posibilidades de conflicto con las comunidades cercanas a las áreas de exploración, sobre todo luego de los intentos por realizar consultas a los pueblos afectados.
“Un intento del Gobierno federal a finales de 2018 para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años”, apuntó el estudio.
De acuerdo con una investigación de dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University, en México existen 879 conflictos sociambientales.
Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.
Mientras las mineras anunciaron que para el cierre de 2019 invertirán 5 mil 260 millones de dólares que “contribuirán” al fortalecimiento de la economía mexicana.
El monto de inversiones previstas para este año, es superior a los 4 mil 897 millones de dólares realizada el año pasado, indicó la Cámara Minera de México (Camimex) en un boletín.
Entre el monto total de las inversiones previstas para el 2019, la cámara resaltó la realización de 18 proyectos que representan una inversión de 3 mil 324 millones de dólares en siete estados del país: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Guerrero y Jalisco.
Aunque hay actividad minera en 25 de las 32 entidades de la República Mexicana, el 90 por ciento se centra en diez estados: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Michoacán.
Sonora, en el noroeste del país, concentra el 30 por ciento de la actividad del diez estados señalados, seguido por Zacatecas con un 19 por ciento, Chihuahua con un 12 por ciento, indicó la Cámara.
Durango con el 8 por ciento, Coahuila con el 7 por ciento, Michoacán con el 4 por ciento, San Luis Potosí y Baja California Sur, con el 3 por ciento cada uno y Colima y Guerrero, con un 2 por ciento cada uno, completan las mayor actividad minera del país, señaló.
Fuente:https://www.sinembargo.mx/04-11-2019/3673199