Los conflictos con la población han afectado a nueve iniciativas eléctricas, que indirectamente han complicado a los nuevos desarrollos mineros.
Hace una semana el Ministerio de Minería y Cochilco actualizaron la cartera de proyectos mineros, situando en US$ 112.556 millones las inversiones que se materializarán entre 2013 y 2021. De ese monto, el 56% (US$ 63.019 millones) ha sufrido algún tipo de retraso respecto de sus plazos originales.
Pero ¿por qué se aplazan los proyectos? «Eso puede pasar por diferentes motivos: pueden tener un permiso que se está atrasando, o pueden haber múltiples análisis», dijo el vicepresidente de Cochilco, Andrés Mac-Lean.
Un tema complicado, advierte Alberto Salas, presidente de la Sonami, pues «no hay certeza de que dichos proyectos se concreten antes del año 2022».
El gran problema, explica Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, es que «no hay que perder de vista el costo que los atrasos tienen para las iniciativas, al punto que pueden convertirlas en inviables. Por ejemplo, en el caso de proyectos de tamaño medio (de la gran minería), la extensión en un año del período de desarrollo hasta el inicio de la producción puede implicar una caída de hasta 18% en el valor económico, lo que puede llevar a la compañía minera a desistir de la inversión».
En general, en la minería se culpa de estas postergaciones a decisiones que vienen desde las matrices -en el caso de las compañías internacionales- y a las incertidumbres en el sector energético, pero según cifras de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), son los conflictos con las comunidades los que más han afectado la inversión sectorial.
Contabilizando solo los proyectos eléctricos y mineros que han sido diferidos desde 2010 a la fecha, la cartera afectada por el rechazo de la población local suma US$ 33.725 millones.
De ese monto, el 71% corresponde a iniciativas eléctricas, que complican directamente a tres inversiones mineras por US$ 2.412 millones: Inca de Oro (US$ 650 millones), San Antonio Óxidos (US$ 962 millones) y Lobo Marte (US$ 800 mills.).
En tanto, los proyectos mineros paralizados por acción de las comunidades alcanzan a US$ 9.900 millones, más de cuatro veces lo que se ha detenido a raíz de la incertidumbre energética, según la CBC.
Estas cifras, que no contabilizan los proyectos desechados o paralizados por la legalidad (como el caso de Pascua Lama, detenida por incumplir con exigencias de su Resolución de Calificación Ambiental), incluyen US$ 23.825 millones que han sido postergados o suspendidos y que se iban a destinar a iniciativas eléctricas.
El mayor de la región
Los US$ 9.900 millones detenidos solo en el sector minero son los más altos de la región y representan el 40% de la cartera de proyectos en pausa en los siete países con mayor desarrollo minero de América del Sur.
Según el catastro de la CBC, y solo comparando la cartera detenida por conflictos con las comunidades, Perú es el más cercano a Chile.
Este país suma pausas, en tres proyectos por US$ 6.460 millones.
La mayor inversión paralizada en ese país es la del proyecto Conga, en la región de Cajamarca.
Aunque su Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado a fines de 2010, la empresa Yanacocha ha enfrentado fuertes protestas de la comunidad, las que les han impedido partir con las obras. Hoy, incluso, la inversión de US$ 4.800 millones estaría muy cerca de ser cancelada.
En Colombia son dos los proyectos mineros que han sido diferidos por problemas con la sociedad, sumando US$ 4.029 millones.
Aquí, el 87% de la cartera paralizada se concentra en un yacimiento: La Colosa (US$ 3.500 millones).
Este proyecto aurífero ha tenido problemas con la obtención de los permisos ambientales, pero también las autoridades del Departamento de Tolima también han debido contener protestas de las comunidades y agrupaciones ambientalistas, que rechazan la instalación del mismo.
En Uruguay, en tanto, solo un proyecto, Aratirí, suma una inversión de US$ 3 mil millones en capitales indios.
Este yacimiento de hierro ha debido enfrentar la resistencia de los pobladores de los tres departamentos en los cuales se ubicaría. La zona es principalmente agrícola y vería afectada fuertemente su actividad económica con su instalación.
En Ecuador los conflictos sociales detuvieron un proyecto, por US$ 1.100 millones. Es el yacimiento Fruta del Norte que fue aplazado por Kinross Gold, tras la falta de acuerdo en ese país para establecer un marco legal que permita la explotación del yacimiento.
El proyecto ha enfrentado críticas de la población, aunque al parecer cuenta con el apoyo del gobierno, que ya presentó un proyecto de reforma para la Ley de Minería y Equidad Tributaria, el que permitiría destrabar la negociación con la empresa.
En todo caso, el permiso de Kinross en el yacimiento venció el 1 de agosto pasado.
En Argentina poco menos de la mitad de la cartera de proyectos mineros, que en ese país suma US$ 23.778,7 millones, está en pausa.
Sin embargo, en el país trasandino es solo un proyecto el que está detenido por oposición de la comunidad: Navidad, por US$ 800 millones.
El yacimiento de plomo está en peligro luego de cambios en el marco regulatorio y disputas con las autoridades y la población de la Provincia de Chubut.