LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.
Foto: Álvaro Franco/OjoPúblico
26 Julio, 2020
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Ralph Zapata: @ralphzapata
Alba Rivas Medina @arivme arivasm22@gmail.com
En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.
La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.
Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021.
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