Este martes 16 de octubre 2018, en la ciudad de Celendín, se condujo el proceso de acusación contra mandos policiales por represión violenta durante la manifestación del 29 de noviembre 2011. Esta manifestación, que tuvo lugar en las instalaciones del proyecto Conga, fue conducida por campesinos/as de las provincias ubicadas en las zonas de explotación. Durante esta manifestación, decenas de manifestantes resultaron detenidos/as y 15 personas heridas, algunas con mucha gravedad como el señor Elmer Campos, que se quedará en estado cuadrapléjico y silla de ruedas a los 30 años de edad. La audiencia de este martes se interrumpió por incumplimiento administrativo por parte de la fiscalía, que omitió enviar la copia de la formulación de sus cargos a la empresa minera Yanacocha en el cual tiene que integrar sus observaciones y pruebas que desea pasar seguidamente en el juicio oral. Por lo tanto, el juez declaró que la fiscalía y la empresa tenían un plazo de 10 días para cumplir con los trámites y que se realizará el próximo 8 de noviembre, la audiencia de control de acusación en la cual se decidirá pasar al juicio oral, última etapa del proceso.
En una entrevista realizada por el colectivo de periodistas comunitarios/as Celendín Libre, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la señora Mar Pérez, explica que a pesar de la preocupación que tienen los demandantes y la población de Celendín en cuanto a la demora del proceso, es la primera vez en el país que se ha conseguido que una empresa minera responda por los abusos de la policía en conflictos sociales.
Se ha conseguido demostrar que los policías que actuaron el 29 de noviembre 2011 en contra de los/as manifestantes llevaban armas de guerra y uniformes afectados por el Estado y recibían instrucciones y una paga de Minera Yanacocha.
Con este juicio, la abogada Mar Pérez explica que se ha conseguido “que se incluya a la empresa bajo la figura de Tercio Civil Responsable”, lo que podría llevar a que “Yanacocha responda económicamente por los daños que se han causado a las personas. Además hemos pedido también que la reparación no sea solamente económica sino que (la) quitar Yanacocha y la policía pidan disculpas y perdón de lo sucedido al pueblo de Cajamarca. También hemos pedido que se implemente lo que se llama “garantías de no repetición”. Quiere decir que se debe reformar la policía, se debe asegurar que las manifestaciones sean tratadas como un derecho de ejercicio ciudadano y no como un delito y por lo tanto la policía debe actuar con equipos adecuados y no armas de guerra.”
Recordamos que uno de los principales argumentos de oposición por parte de la población al proyecto Conga de Minera Yanacocha, son los graves antecedentes de contaminación y desaparición de fuentes de agua por parte de la empresa durante dos décadas de minería en la región.
El conflicto derivó en la militarización de Cajamarca y la declaración de dos Estados de Emergencia por el Gobierno Central que implicó la ocupación policial y militar en las tres provincias impactadas por el proyecto: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. Durante estos años de conflictos, 300 defensoras/es ambientales fueron denunciadas/os y procesados/as en diversas instancias judiciales, numerosas personas heridas, detenidas, torturadas y violentadas psicológicamente y físicamente, lo cual estalla definitivamente con la muerte de cinco campesinos en las provincias de Celendín y Hualgayoc entre los días 3 y 4 de julio del 2012.
Fuente:http://www.grufides.org/blog/conflicto-conga-tercera-etapa-del-juicio-contra-mando-policiales-y-minera-yanacocha-por-herir