Bnamericas 17/03/2021
Los conflictos sociales activos relacionados con la minería de Perú sumaron 64 en febrero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
La minería es responsable de dos tercios del total de 96 conflictos socioambientales activos en el mes, entre los que también se cuentan otros en los sectores de hidrocarburos, residuos y saneamiento, entre otros.
La conflictividad social en Perú ha afectado la producción en grandes minas de cobre como Las Bambas, ubicada en el denominado Corredor Minero del Sur, y grandes proyectos cupríferos como Tía María, el cual, pese a tener todos los permisos, no ha podido avanzar.
En febrero, Las Bambas tuvo que enfrentar un nuevo conflicto, ya que la comunidad campesina de Pumamarca solicitó renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril de 2011 y exigió que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco. Los pobladores ingresaron a los predios de la minera y comenzaron a levantar chozas y cercos.
El informe de la Defensoría alertó sobre la posibilidad de que estalle una nuevo conflicto para Las Bambas, situada en la Región Apurímac, donde los pobladores denuncian que la minera controlada por capitales chinos no ha estado cumpliendo los compromisos asumidos en el convenio marco suscrito por las partes en diciembre de 2017.
Adicionalmente, el denominado Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Apurímac también tiene pedidos para Las Bambas y, según la Defensoría, podría generarse otro conflicto.
De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, entre los objetivos en lo que resta del gobierno interino de Francisco Sagasti está mejorar la gestión de la conflictividad social, implementar un fondo de adelanto social para disminuir brechas en lugares donde se asientan proyectos y consolidar los diálogos a través del mecanismo denominado Rimay, en busca de consensos que permitan el normal desarrollo de proyectos mineros.
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