José De Echave C.
13/05/2022
Imagen: La República
En estos tiempos de aumento de estallidos sociales en diferentes partes del país, desde varios medios de comunicación se intenta instalar la idea que nunca hemos estado en una situación tan complicada. Como si por primera vez estuviésemos viviendo en el país un clima de paros y protestas, sin que nuestras autoridades muestren capacidad de reacción.
Si bien no es nuestra intención minimizar lo que pasa actualmente en el país y los permanentes desatinos de este gobierno, lo cierto es que ya hemos atravesado por momentos complicados y la sensación que queda es que no hemos tenido la capacidad de sacar lecciones y corregir los problemas que están a la base de la conflictividad social, sobre todo en las zonas de influencia de la minería.
Como se puede ver en el siguiente gráfico -que organiza la información de la Defensoría del Pueblo por quinquenios-, la conflictividad social nos ha acompañado permanentemente en las últimas décadas, con varios momentos de incremento sostenido, que ha afectado a los distintos gobiernos.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: CooperAccion
Por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se inició con menos de 100 conflictos y rápidamente comenzaron a aumentar, hasta llegar a los 286 conflictos, cifra récord desde que la Defensoría del Pueblo comenzó con su registro. Fue el período de conflictos como el de Combayo y otros más en Cajamarca, Río Blanco-Majaz en Piura, el Baguazo en Amazonas, el Aymarazo en Puno, el primer capítulo de Tía María en Arequipa, entre varios otros. También en ese período se comenzó a gestar el caso Conga. La incapacidad del gobierno de García para atender la conflictividad social estuvo acompañada de un discurso y medidas que buscaron afectar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. García terminó su mandato con 234 conflictos y varias bombas de tiempo que pocos meses después comenzaron a estallar.
Si bien el gobierno de Humala se inicia con una tendencia a la baja, en su primer año tuvo que enfrentar varios conflictos importantes: el caso Conga comenzó a escalar en el segundo semestre de 2011 y alcanzó niveles de movilización y paralizaciones en Cajamarca en el último trimestre del año. Como se recuerda, Conga explica en parte la crisis y la caída del primer gabinete de Humala y el inicio de un giro en su gobierno. Posteriormente, otros conflictos, como el de Espinar (mayo de 2012), Tía María, Las Bambas, entre varios otros, caracterizaron ese período que terminó con cifras que superaron los 200 conflictos por mes.
La inestabilidad y la crisis política permanente caracterizaron el período 2016-2021, con renuncias y vacancias, cuatro presidentes, cierre del Congreso, en medio de una disputa abierta entre los principales poderes del Estado y el inicio de la pandemia. En cierta medida, el escenario de crisis política y la pandemia, hizo que no sea tan visible la conflictividad social en el período. Sin embargo, con el inicio de las operaciones comerciales en Las Bambas el 2016, se comenzaron a registrar sucesivos estallidos en diferentes puntos del denominado corredor del sur andino, a lo que se sumaron conflictos en Islay, por el proyecto Tía María, en Espinar, Ancash, en la zona de influencia de Antamina, entre varios otros. En el primer semestre del 2021, durante el gobierno Francisco Sagasti, se comenzó a notar un ligero incremento de conflictos sociales.
Las características del actual momento
El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta que en la actualidad existen 208 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos[1], lo que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y urgente de parte de las autoridades encargadas.
Al lado de la amplia predominancia de los conflictos activos, la matriz de conflictividad aparece hoy en día más diversa que de costumbre: en los últimos meses, a los habituales conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en localidades como las de Huancayo, Cusco y hasta Lima.
Sin embargo, los casos vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la conflictividad social del país y el gobierno muestra serias limitaciones. En Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron el reservorio de Viña Blanca que abastece de agua a la operación minera y la vía férrea. Las comunidades reclaman que en algún momento del desarrollo de la mina, fueron despojados de parte de sus tierras. Luego de varias semanas de tensión y con el riesgo que se produzca un enfrentamiento entre trabajadores y las comunidades, fue declarado el estado de emergencia en la zona y, por el momento, se han retomado conversaciones entre la empresa, las comunidades y representantes del Ejecutivo.
Por otro lado, en la zona de influencia de Las Bambas el último estallido se ha dado en el epicentro de la operación minera, en el tajo de Ferrobamba y en lo que será el nuevo yacimiento, el de Chalcobamba. Como se sabe, para que la primera fase de la operación de Las Bambas se pueda concretar, la empresa minera tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de Fuerabamba y reubicarla, antes de construir la primera mina a cielo abierto. La comunidad alude que la empresa no ha cumplido con todos los compromisos firmados y han decidido reinstalarse en las tierras.
¿Qué es lo que aparentemente ha ocurrido en este caso? Si bien los acuerdos entre la empresa minera y Fuerabamba tiene una cláusula de confidencialidad y es difícil conocer a ciencia cierta todos los acuerdos, por testimonios que hemos recogido en la zona, aparentemente algunos puntos no habrían sido cumplidos: la comunidad de Fuerabamba entregó 4,774 hectáreas y a cambio ha recibido de la empresa 4,200 hectáreas, distribuidos en varios fundos. Además aluden que los fundos debían servir para actividades agrícolas y ganaderas, característica que no presenta por ejemplo el predio de Yavi Yavi, adquirido por la empresa en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
Pero todo indica que otro de los motivos del retorno de Fuerabamba a sus tierras, tiene que ver con el hecho que las comunidades vecinas de Chila y Choaquere -que le vendieron tierras a la empresa minera para el reasentamiento de Fuerabamba, habrían invadido terrenos vecinos a las viviendas de la urbanización conocida como Nueva Fuerabamba, generando un clima de tensión y hostilidad. Es por eso que Fuerabamba le ha pedido a la empresa minera que solucione este tema con las comunidades mencionadas.
Este nuevo capítulo de la larga lista de conflictos que han estallado en el denominado corredor del sur andino, pone en evidencia una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.
Otra característica es que en algunas zonas las comunidades terminan compitiendo entre sí: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Está claro que entre Apurímac y Cusco, precisamente por lo que viene sucediendo en el corredor vial por donde se transporta el mineral, autoridades y comunidades se miran con cada vez mayor recelo. La búsqueda de una vía alternativa para la salida de los minerales desde Apurímac que ha propuesto el gobernador de esa región, es un claro indicador de las tensiones y recelos que crecen en esa zona.
Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a conflictos que se han complejizado, una alternativa es hacer un giro radical en su abordaje. Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven, en el mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario construir un nuevo sistema de gobernanza para estos territorios que buscan ser considerados mucho más que zonas de extracción y tránsito de minerales.
[1] Y 48 latentes.
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