En septiembre de 2015, millones de litros de agua cianurada alcanzaron el río Potrerillos, en San Juan, producto de una falla en una compuerta en la mina Veladero, de Barrick Gold. Jorge Mayoral llevaba doce años como secretario de Minería a nivel nacional, dando impulso a proyectos megamineros transnacionales en los que organizaciones sociales denunciaban una suerte de “estados paralelos”, en donde Nación y las provincias dejaban actuar a las mineras a gusto y sin control. Por este derrame de agua con cianuro, aunque no fue el único, los jueces de Cámara Leopoldo Bruglia y Martín Irurzum confirmaron el procesamiento de Mayoral y del ex titular de la cartera de Ambiente, Sergio Lorusso.
En abril habían sido procesados sin prisión preventiva por el juez federal Sebastián Casanello, dado que pese a tener poder de intervención en una actividad “altamente riesgosa”, “la empresa se controlaba a sí misma”. Incluso la empresa había notificado a la Secretaría de Ambiente varios derrames previos, y éstos no habían sido contrastados por otros estudios, por lo que los funcionarios dejaron actuar a Barrick sin control alguno dando vía libre a los siguientes derrames.
Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en diálogo con el programa radial de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en FM Kalewche, explicó la importancia de que en un fallo por primera vez la justicia diga que los funcionarios nacionales también tienen responsabilidad en las minas concesionadas por las provincias: “Había una especie de creencia de que los funcionarios nacionales no tenían responsabilidad sobre estos emprendimientos, y se escudaban, se hacían los distraídos en base al Artículo 124 de la Constitución que establece que el dominio de los recursos es de las provincias”. Por otro lado, en base al incumplimiento de la Ley de Glaciares, están procesados tres ex ministros de ambiente, por lo que Viale indicó que en 2019 estarán en el banquillo de los acusados.
De esta manera, desde la justicia federal se continúa avanzando sobre la responsabilidad de los funcionarios nacionales en los desastres ambientales generados por Barrick Gold en la cordillera sanjuanina. Sin embargo, por una decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2016 la causa fue dividida estableciéndose que la justicia de la provincia de San Juan era competente para investigar el derrame de cianuro, la responsabilidad de la empresa y de los funcionarios provinciales, mientras la justicia federal sólo investigaría la responsabilidad de los funcionarios nacionales.
Mientras la empresa sigue impune y sólo pagó multas irrisorias, la justicia sanjuanina sigue dando muestras de cómo la megaminería corrompe las instituciones provinciales a tal punto que se puede hablar de una justicia minera: hoy a casi tres años del derrame, el Fiscal de Estado provincial Jorge Alvo Varela busca impedir que se realicen los estudios ambientales ordenados por la justicia federal denunciando un supuesto “atropello” sobre el “patrimonio de la provincia”. Es que la semana pasada el juez federal Sebastián Casanello ordenó a la Universidad de Cuyo y a la Policía Federal, realizar estudios sobre suelos, vegetales, animales, el agua de red y de pozos así como sangre y orina de pobladores de las localidades sanjuaninas de Jáchal e Iglesias para determinar si hubo efectos o restos de contaminación.
Pese a que la legislación minera es escasa y favorable a los grandes emprendimientos, el artículo 264 del Código de Minería establece que a la tercera falta grave se debe proceder al cierre definitivo de la mina, en Veladero se suceden los derrames y las faltas graves incluso más allá de los cambios de gobiernos a nivel provincial y nacional sin que la empresa se vea afectada. El hoy Ministro de Ambiente Sergio Bergman, allá en 2015 en la previa del ballotage enunciaba que “Barrick Gold gozó de una impunidad que nosotros no queremos que la tenga”, así como un año después, el gobernador de San Juan Sergio Uñac decía que “la Barrick Gold no tiene más margen para el error”. Sin embargo, en abril de 2018 fueron denunciados nuevos derrames y ya no se puede saber ciertamente cuántos ocurrieron.
“Que en San Juan quieran evitar los estudios es auto incriminatorio,a quién podría molestarle que se hagan los estudios si supuestamente no hubo contaminación” destacó Enrique Viale, e insistió con un mensaje para la población de Chubut: “la megaminería no sólo provoca contaminación ambiental, sino contaminación institucional, lo que es algo a evaluar a la hora de permitir el ingreso de estos proyectos”.