24 de Agosto 2012
Raymundo Ruíz Avilés
Se pronuncian contra el incremento de concesiones otorgadas a empresas extranjeras
Investigadores y académicos de varias universidades del país, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), exigieron al gobierno federal y a los poderes del país detener a las empresas extranjeras por el atentado contra el patrimonio histórico, los sitios sagrados de los pueblos originarios y arqueológicos.
Los especialistas se pronunciaron esta mañana en la clausura de la quinta mesa redonda El Conocimiento Antropológico e Histórico sobre Guerrero, en contra de la megaminería tóxica a cielo abierto y sus concesiones en Guerrero, por atentar contra el patrimonio histórico que degrada la soberanía.
Luego de la relatoría que se presentó sobre los resultados, metas y proyectos a futuro de la quinta mesa sobre Guerrero, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Lilián González Chévez, dio lectura al manifiesto integrado por siete puntos, que fue apoyado por los más de 50 investigadores y ponentes presentes.
González Chévez denunció “las graves implicaciones etnocidas y ecocidas evidenciables, resultantes de los proyectos de minería a tajo abierto y el incremento de las concesiones otorgadas a empresas principalmente extranjeras dedicadas a esta actividad en Guerrero y México”.
Quienes “acompañamos a los procesos organizativos e indígenas y realizamos investigación académica en los territorios afectados y afectables y somos testigos de las consecuencias e implicaciones de estos proyectos mineros, nos pronunciamos en contra de la megaminería tóxica a cielo abierto y sus concesiones en Guerrero”.
Argumentó que el pronunciamiento corresponde a que la industria minera socava la soberanía del país y degrada la ley a su beneficio.
Las mineras, dijo, atentan contra el patrimonio cultural e histórico, los sitios sagrados de los pueblos originarios y los sitios arqueológicos, además de que han confiscado la riqueza nacional y los recursos naturales para intereses privados y foráneos.
Con su acción, agregó, se afecta la forma de vida y su continuidad, además de atentar contra la salud pública y el medio ambiente “que contamina con productos altamente tóxicos como el cianuro, las fuentes de agua y la tierra cultivable”.
El atentado que hay contra el patrimonio de las futuras generaciones “desplaza y confronta a las poblaciones buscando comprar con dinero la dignidad de los pueblos, generan migración y desarraigan familias”, aseveró.
Exigió que se respeten los acuerdos internacionales, que garantizan los derechos de los pueblos.
Al Congreso de la Unión y al Senado, la investigadora pidió, a nombre de los investigadores del país integrados a este evento, que rectifiquen la legislación vigente, que “en todo beneficia a los empresarios”.
Acusó al gobierno de ser el principal promotor de los megaproyectos extractivos, que “son depredadores”.
Se pronunció con “no a la mineras de tapa abierta, no al extractivismo, no a su impulso por parte de las entidades del gobierno estatal y federal porque la patria es primero”.
Enseguida los académicos pidieron en diferentes voces que también se unan otros investigadores y que se envíe la carta a quienes estén vinculados con esta problemática de Guerrero para que se unan al pronunciamiento.