El fiscal no solo omitió denunciar a los torturadores sino que incluso llegó al extremo de acusar a los campesinos por servir dócilmente a la minera Majaz.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura condenó por delito de omisión de denuncia al Lerenzo Féliz Toledo Leyva, ex Fiscal Provincial Mixto de Huancabamba, a quién se le impuso tres años de pena privativa de la libertad, inhabilitación por un año para asumir función pública y el pago de S/. 6,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El referido ex Fiscal se acogió al Juzgamiento Anticipado y admitió los hechos contenidos en la acusación fiscal y reconoció que los 28 campesinos fueron torturados en el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.) y que omitió, en forma deliberada, denunciar dichas torturas ante el órgano judicial competente.
Los hechos de tortura acaecieron entre el 1 y 3 de agosto del año 2005, en circunstancias en que 28 campesinos se encontraban arbitrariamente privados de su libertad, dentro de las instalaciones del campamento minero de la Empresa Río Blanco Copper S.A.
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), institución que patrocina a las víctimas, consideró que la sentencia establece un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Fedepaz estima que es la primera vez que en el Perú se condena a un ex Fiscal que incumple sus funciones, en forma deliberada, para omitir denunciar graves hechos de tortura.
Asimismo, el reconocimiento de los hechos por el citado ex fiscal ahora es una prueba irrefutable de que los 28 campesinos si fueron torturados con participación de la empresa minera Río Blanco Copper S.A., llamada en la fecha de los hechos Majaz S.A.
Fedepaz expresó su satisfacción por este importante pronunciamiento judicial que constituye un mensaje directo a todos aquellos funcionarios públicos en el sentido que si permiten, toleran, colaboran u omiten denunciar graves violaciones de derechos humanos serán procesados y sancionados de acuerdo a ley.
Fedepaz consideró que la sentencia es un segundo gran paso en la búsqueda de justicia para los 28 campesinos torturados. luego que la empresa británica Monterrico Metals Plc, matriz de Río Blanco Copper S.A., efectuó un pago de indemnizaciones a favor de los torturados.
Finalmente, Fedepaz observó que aún se encuentra pendiente el Juicio Oral contra los autores mediatos y directos de las torturas quienes no han sufrido aún ningún tipo de condena.
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