Santa Cruz, Bolivia, 11 junio 2014
Desde la colonia el modelo de desarrollo exportador de materias primas ha tenido como centro la minería y la expoliación de nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo.
Las privatizaciones llevadas a cabo en nuestro continente desde la década de los 80, llevaron a ampliar las áreas concesionadas para la explotación minera e hidrocarburifera, a costa de nuestros territorios. En este sentido se firmaron convenios internacionales relacionados a la compra de acciones, pago de regalías, etc, que obligan a los estados a cumplir sus compromisos con las empresas transnacionales, para establecer climas favorables para la inversión extranjera, mediante tratados que garantizan la estabilidad jurídica.
Este modelo es una máquina que arrolla nuestros países, los gobiernos han sido y son parte de esa maquinaria. Así, el modelo de economía neoliberal vigente en nuestros países y de la economía plural ahora vigente en Bolivia, mantiene y profundiza ese espíritu: continúa la entrega de nuestros minerales por migajas, profundiza la dependencia de las exportaciones de materias primas, siendo aun insignificantes los avances de industrialización. La expansión de la minería, la explotación de los hidrocarburos son un claro ejemplo de ello; y a pesar de las grandes potencialidades que tienen nuestros países, en el ámbito agrícola se promueve el monocultivo que también consume y contamina grandes cantidades de agua.
Este paradigma de que el extractivismo y la minería en particular, aportan al desarrollo de nuestros países, esta llegando a su fin porque no ha resuelto los problemas del desarrollo sino que ha agudizado la dependencia de nuestros pueblos con un alto costo social y ambiental que se expresa en formas de sobrexplotación humana, contaminación de aguas, suelos, hambre y miseria.
Este modelo no ha disminuido la pobreza en las comunidades donde existen concesiones mineras y petroleras; por el contrario ha destruido territorios, desestructura formas de vida comunitarias, vulnera derechos y funcionaliza el Estado y las estructuras sociales, y por sobretodo destruye el agua.
Este modelo usa medidas redistributivas (bonos) para adormecer a la sociedad y generar dependencia de los partidos políticos. El apoyo productivo no llega a los pequeños productores y a los pobladores de las ciudades que son la mayoría de la población, por el contrario privilegia a los grandes y a los sectores políticamente favorecidos como las cooperativas mineras en el caso boliviano. El propio sistema educativo promueve este modelo consumista y el sometimiento a este.
Frente a este modelo, planteamos la necesidad de un modelo no extractivista; un modelo ecológico que privilegie la producción agrícola y ganadera, que respete las realidades locales y comunitarias. Un modelo que respete la naturaleza, la madre tierra, el agua; que respete nuestros derechos, usos y costumbres –muchos de ellos ya constitucionalizados. La forma de vida de los pueblos indígenas ha sido sostenible, y sigue siendo un ejemplo. Un modelo “con agua”: que conserve, preserve y respete el agua y la vida.
A PARTIR DE ESTAS REFLEXIONES CONCLUIMOS,
1. A partir de la historia de defensa por el agua, tierra y territorio que existe en nuestros países, planteamos la necesidad de perforar este modelo a través de la CONCIENTIZACIÓN, UNIÓN Y ORGANIZACIÓN de pueblos indígenas originarios campesinos, colectivos urbanos y rurales, cooperativas de agua potable, universitarios y población en general
2. Promover la defensa local del agua en las zonas en las que existe actividades extractivistas (minería, hidrocarburífera, agronegocios, hidroeléctricas entre otras), impulsando un CONTROL SOCIAL COMUNITARIO independiente de los gobiernos nacionales.
3. SOCIALIZAR por los medios de comunicación estas reflexiones y conclusiones, desarrollando una estrategia de comunicación, estableciendo los lazos con medios de comunicación que permitan visibilizar el desarrollo de las acciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la problemática de las comunidades que sufren por la presencia de actividades extractivas.
4. En el caso boliviano, exigir la aprobación de una LEY MARCO DE AGUA que responda a las necesidades de la población y no respalde al modelo de desarrollo vigente.
5. El movimiento nacional que ha surgido en Bolivia y en defensa de la vida, el agua y los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, no es un movimiento político partidista. Busca sobretodo precautelar los derechos de todos los bolivianos y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
6. En el marco del seminario internacional que nos ha permitido recibir aportes de las experiencias de Colombia, Perú y Chile; vemos la urgente necesidad de generar articulaciones a nivel Sudaméricano. En este sentido nos permitimos plantear las siguientes tareas para los movimientos y organizaciones sociales que luchan por el agua en la región:
a) Apoyo mutuo entre las universidades, ONG y las organizaciones sociales presentes en este encuentro, para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente agua y suelos.
b) Las universidades, el Centro de estudios Amazónicos para el caso de la Universidad Gabriel René Moreno, deben articular a maestros y estudiantes que estén vinculados a temas medioambientales, para apoyar a las comunidades afectadas por la minería
c) Las organizaciones y movimientos sociales tienen un rol fundamental en la vigilancia permanente del cumplimiento de la legislación ambiental vigente en nuestros países.
d) Se recomienda establecer contacto con organismos internacionales ante los cuales puedan apelar para que llamen la atención sobre violación de derechos al agua, a un medio ambiente sano y otros relacionados, especialmente organismos especializados como el Tribunal Latinoamericano del Agua. También se recomienda contactar con otras organizaciones defensoras del agua en América Latina.
e) Atender a los procesos de desnacionalización de territorios por el otorgamiento de concesiones mineras bi-nacionales.
7. Aprovechar la Cumbre Climática que se llevará a cabo en Perú en diciembre del presente año, para visibilizar la problemática común de nuestros países, en relación al extractivismo y cambio climático.
8. Establecer vínculos con organizaciones sociales y de los países de origen de las transnacionales y ONG de países consumidores de commodities para incidir sobre sus propios gobiernos y las empresas multinacionales.
9. Ante la aprobación y promulgación reciente de la Ley de Minería y Metalurgia que se ha llevado a cabo en Bolivia, concluimos lo siguiente:
a) La Ley Nº 535 que viola la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que reconocen los derechos de las comunidades indígenas originarias campesinas, solo beneficia al sector minero cooperativista y transnacional ya que desnaturaliza la aplicación de la consulta previa.
b) Ratificar las resoluciones de las cumbres sociales sobre la Ley de Minería desarrolladas en la Paz y Santa Cruz. Asimismo impulsar la conformación de Coordinadoras Departamentales, Regionales y Locales para fortalecer la organización de la Coordinadora Nacional por la defensa de la Vida y los Recursos Naturales para cumplir el mandato de las Cumbres. Exigir que la Coordinadora tome las acciones en los plazos establecidos por las resoluciones de las Cumbres.
c) Denunciar a nivel nacional e internacional, las acciones desarrolladas por el gobierno de dividir a las organizaciones que defienden la vida, el agua y los recursos naturales a nivel nacional.
d) Socializar los impactos de la Ley Nº 535 en las comunidades, en los barrios. Analizar los artículos dentro de la ley que vulneran los derechos de todos los bolivianos y los derechos de los pueblos indígenas.
e) Presentar la acción de Inconstitucionalidad de la Ley Nº 535 por ser contraria a la Constitución Política del Estado.
f) Solicitar al defensor del pueblo pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley y nos articularemos con el movimiento en defensa de la vida y los recursos naturales.
g) Buscar alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para resistir a la Ley Nº 535 que entrega los recursos naturales de todos los bolivianos a cooperativistas y transnacionales.
h) A partir de la aprobación de la ley Minera que viola nuestros derechos llamamos a todas las sectores urbanos, rurales y comunidades amenazadas con las concesiones mineras a llevar a cabo acciones de resistencia para impedir la actividad minera, siguiendo el ejemplo de la Chiquitania en Bolivia, Cajamarca en Peru, Cajamarca en Colombia y Valle del Huasco en Chile
Es dada en la ciudad de Santa Cruz, el 11 de Junio de 2014