A noviembre del 2011, la cantidad de territorio nacional concesionado a la minería está cerca de los 25 millones de hectáreas, revela el IX Informe de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las ONGs ambientalistas: Fedepaz, Grufides y CooperAcción.
El documento, que se basa en información del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), precisa que 24.988.219,68 de hectáreas se encuentran concesionadas, lo que representa el 19,64% de territorio nacional.
El estudio revela también que en la última década las concesiones mineras se han duplicado en extensión, pasando de 11.099.793,77 hectáreas en el 2001 a casi 25 millones de hectáreas en el presente año.
Sin embargo,pese al incremento de las concesiones, en el país no se cuenta con una agenda ambiental y social que incluya el ejercicio pleno del derecho a la consulta, la protección de las fuentes de agua y la necesidad de ordenar los usos del territorio, alerta el informe.
«Son temas que están a la base de los conflictos sociales en torno a la actividad minera», advirtieron Emma Gómez, de CooperAcción, y Marco Arana, de la ONG Grufides, quienes presentaron el documento.
Además señalaron que las concesiones han sido otorgadas sin tener en cuenta la planificación territorial y conservación de los ecosistemas frágiles.
En ese sentido, recomendaron que se modernice la metodología para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ya que en la actualidad son instrumentos desfasados e insuficientes.
Autoridad autónoma
Además, subrayaron la necesidad de tener una autoridad ambiental autónoma e independiente porque ahora el Ministerio de Energía y Minas es responsable de promover la inversión minera a la vez que tiene a su cargo la evaluación de los EIA.
Emma Gómez recordó que los conflictos sociales a octubre del 2011 llegan a los 217, según reporte de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los cuales están vinculados al rechazo a la actividad minera.
La cifra, subrayó, es prácticamente la misma que dejó el ex presidente Alan García en términos cuantitativos; sin embargo, estos han aumentado en intensidad.
“A cuatro meses del gobierno de Ollanta Humala hay conflictos que han tomado picos de crisis. La pregunta es por qué no se hizo nada para evitarlo”, cuestionó.
En la presentación del informe participó Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, cuya región acata un paro indefinido contra el proyecto Minas Conga.
El dirigente sostuvo que se deben proteger las fuentes de agua debido a que más del 70% de la actividad económica en Cajamarca es agropecuaria.
«La oposición al proyecto se debe a que afectaría a más de 600 manantiales, que son precisamente los abastecedores para el consumo humano», enfatizó Hernández. ❧
Clave
Frente a la declaración del presidente Ollanta Humala, quien ayer recordó que el subsuelo pertenece a todos los peruanos, Marco Arana respondió que no se debe olvidar que los cajamarquinos que rechazan el proyecto minero de Yanacocha también son ciudadanos de este país.