Miguel Títiro
El subsecretario de Hidrocarburos le pidió al intendente sancarlino que no genere «preocupaciones innecesarias en la gente».
El Gobierno provincial salió al cruce del planteo del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, quien el miércoles denunció la concesión a una empresa canadiense de la exploración de un yacimiento de oro y cobre en su jurisdicción. La respuesta al jefe comunal partió del subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez. «Quiero dar tranquilidad a los sancarlinos, y mendocinos en general, en el sentido de que la Provincia ha dado cumplimiento a las leyes nacionales y provinciales, y no hubo ni habrá ninguna violación de algún derecho de un ciudadano, de una región o de la provincia».
Refiriéndose específicamente al caso de la firma Teck Cominco Argentina Ltd -que ha sido inscripta en el Registro de Manifestaciones y Denuncias de la Dirección de Minería para explorar un área de San Carlos-, el funcionario dijo que «se ha aplicado lisa y llana el Código de Minería de la Nación, norma de entidad semejante a los códigos Penal y Civil o a cualquier ley nacional que podría citar, que deben ser cumplidos igual que una ley provincial».
Explicó que la empresa canadiense pidió explorar, dentro del marco legal, una zona de San Carlos, en la que descubrió la presencia de los metales que podrían ser explotados. «Esto, en el marco del Código de Minería, se traduce en la petición de una mina, lo que fue otorgado provisoriamente en julio de 2011, y publicado en el Boletín Oficial», explicó Vásquez. La resolución emana «no de la directora de Minería sino de un cuerpo colegiado, con actividad jurisdiccional, semejante a la Corte Suprema de Justicia o una cámara de apelaciones o laboral», agregó.
Para Vázquez, «Difonso ha generado una preocupación general dando a entender que se violó la ley, pero tanto el gobierno de Celso Jaque, como el próximo de Francisco Pérez, han dado (y darán) total cumplimiento a la legislación vigente en la provincia de Mendoza, en resguardo no sólo de San Carlos, sino también de toda Mendoza». No es la única El subsecretario de Hidrocarburos comentó que hay por lo menos 500 o 600 firmas, más grandes o más pequeñas, que acreditan derechos mineros, similar al concedido a la canadiense. »Al ser otorgadas estas minas, significa el reconocimiento a un derecho, pero no quiere decir que mañana puedan tener una actividad extractiva de metales, ocupando agua y demás recursos. Como se dio con las empresas Vale y San Jorge o de muchas petroleras, primero tienen que transitar por la Secretaría de Medio Ambiente para dar cumplimiento a la declaración de impacto ambiental (DIA)», aclaró. El funcionario sostuvo luego que «esta empresa no puede tocar ni una piedra en el lugar porque antes debe tramitar el control ambiental y obtener la aprobación o no, como ha ocurrido con otras compañías. Por eso, le pido al doctor Difonso que sea medido, porque con sus declaraciones genera preocupaciones innecesarias a la población».
Consultado sobre qué significa el paso dado con la empresa Teck Cominco, respondió que «la ley 7722 (que prohíbe la extracción contaminante) reglamenta la minería, no afirma que no puede haber ninguna minería; dice que las empresas pueden explorar previo permiso de la Legislatura, ya que con excepción de los tres elementos que sabemos -cianuro, mercurio y ácido sulfúrico- se puede hacer un emprendimiento minero, como el caso de Vale, que no utiliza sustancias prohibidas».
Sobre si las 1.790 hectáreas concedidas están dentro de la reserva de la Laguna del Diamante, en el límite con Chile, Vázquez afirmó que «aparentemente habría una superposición que se está analizando junto con la Dirección de Recursos Naturales; tenemos que desentrañar cuál serán los límites, pero en esto también se dará cumplimiento a la ley». Ayer, el intendente sancarlino insistió en afirmar que la autorización concedida a la empresa canadiense es violatoria de las leyes de Áreas Naturales Protegidas (6045) y de creación de la reserva Laguna del Diamante (6200), como de la ordenanza municipal N° 1123 (que establece una zonificación que no contempla la minería). Además, añadió que por la «gravedad» del asunto le pidió una audiencia urgente al gobernador Jaque, sin haber recibido respuesta.