Comunicado de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DEL PERÚ AFECTADAS POR LA MINERÍA (CONACAMI), en relación al informe presentado hoy sobre los hechos sucedidos en Bagua
1. Las razones que exponen el Presidente de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, el líder indígena Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, la religiosa Carmen Gómez, para mostrar su desacuerdo con el informe presentado hoy al presidente del Consejo de Ministros, reafirman lo manifestado por los pueblos indígenas y las diferentes organizaciones sociales respecto a la parcialidad oficialista del Informe Final de la CEI.
2. Asimismo, estas denuncias coinciden con las declaraciones del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), José Ñique de la Puente, respecto a que “los pueblos amazónicos han sido las víctimas y han tenido la razón de su lado al oponerse a los decretos legislativos dados por el gobierno, contrarios al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Constitución Política”.
3. De las 43 razones para rechazar el informe, varias de estas insisten en que el mismo no recoge los testimonios de los indígenas respecto a su versión de lo sucedido; por el contrario, se restan las declaraciones y se valida, sin ningún tipo de correlato con los hechos levantados, las declaraciones de los miembros y los voceros del gobierno.
4. Por otro lado, recordamos a la opinión pública que, a pesar que desde diciembre de 2008 una comisión multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, recomendó la derogatoria de los decretos legislativos por ser inconstitucionales, esta fue postergada sistemáticamente por el Poder Ejecutivo.
La recomendación coincidió con la invocación del relator de las Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas, El comité de la ONU contra todas las formas de discriminación racial (CERD), La asamblea general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), entre otros, para que el Gobierno deponga la fuerza y la represión.
5. Por ello, repudiamos las acusaciones sobre la responsabilidad de los hechos a los pueblos indígenas y a las organanizaciones sociales, las ONGs, las iglesias y partidos políticos. Aquí la única responsabilidad, directa, indirecta y política, es la del Gobierno, que desde la intransigencia del ejecutivo, y la palabra empañada de la presidencia del Congreso, se negó a derogar los decretos y, por el contrario, dirigió la violencia y la represión.
6. Denunciamos que este informe también manifiesta la institucionalidad colonial contraria a los múltiples desarrollos e identidades de nuestros pueblos. Este sesgo histórico, lo único que enfatiza es la imposición del modelo neoliberal, la entronización de la impunidad autoritaria aprofujimorista del gobierno, la profundización de la maquinaria criminalizadora hacia los defensores de la vida y las garantías totalitarias hacia las actividades de las empresas transnacionales sobre nuestros territorios andinos y amazónicos, saltándose los derechos que nos amparan.
7. Respaldamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos de AIDESEP y las comunidades de la Amazonía, y desconocemos el informe maniqueo de la “Comisión Bagua”. Asimismo, denunciamos al Gobierno por alentar la división en el país y reiteramos nuestra convicción de que se realicen investigaciones imparciales con presencia de veedores internacionales en aras de obtener una versión amplia y objetividad, porque, tal como viene conduciendo los destinos del país con partidarismos y clientelismos, este gobierno no garantiza ninguna seriedad mucho menos veracidad.
8. Exigimos que este nuevo informe contribuya a acabar con la visión colonial que se tiene desde el Estado hacia los pueblos originarios; a reconocer la plurinacionalidad existente en el país; cambiar el actual modelo neoliberal por uno basado en el derecho mayor (la Naturaleza), el Buen Vivir, el Estado Plurinacional y avanzar en la constitucionalización de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas.
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)
29-12-2009