El Día Mundial del Agua -22 de marzo- está cerca, por eso organizaciones sociales e indígenas peruanas ya están movilizándose en favor de este bien natural esencial para el mantenimiento de la vida. Este año, las celebraciones en torno de la fecha serán pautadas por el sufrimiento que está siendo ocasionado por el proyecto minero Conga.
En la fecha, también se demandarán: defensa y protección del medio ambiente y de las cuencas, prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería, seguridad alimentaria, defensa de la biodiversidad, acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento; derecho al trabajo, salud, educación, alimentación y políticas públicas de inclusión.
En Perú, las poblaciones están viviendo en constante tensión. Los motivos son las innumerables actividades extractivas e industriales que amenazan las cabeceras de cuenca y los sistemas hídricos, y que utilizan grandes cantidades de agua, y además, las contaminan. El resultado de esto es que la población rural y urbana que depende del agua que se retira de lagos y otras fuentes naturales ven el abastecimiento, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los empleos que dependen del agua en grave riesgo.
En Cajamarca, Celendín y Hualgayoc la lucha es contra el Proyecto Conga, que tiene la intención de extraer oro y plata, y que para ello hará desaparecer cuatro lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca. Por un lado, la población y los gobiernos locales se oponen a la actividad extractiva; por el otro, el Gobierno de Ollanta Humala, incumpliendo sus promesas electorales, y la empresa Yanacocha están actuando para concretar el proyecto minero a cualquier costo.
Para dar un basta a todo esto, organizaciones sociales, profesionales e indígenas peruanas están uniéndose para combatir la ganancia de gobiernos, empresas transnacionales y grupos de poder que están empeñados en privatizar la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico, buscando lucrar cada vez más con las necesidades básicas de la población.
En un comunicado firmado por siete organizaciones, sus integrantes convocan «a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de todo el país, a celebrar el Día Mundial del Agua con acciones unitarias para demandar que el derecho al agua tenga rango constitucional, que es indispensable proteger las cabeceras de cuenca frente a la amenaza de la minería, que es necesario defender las empresas públicas prestadoras de servicios de agua y saneamiento contra las estrategias privatistas del gobierno y las empresas transnacionales”.
Persecución
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que integra a 79 instituciones defensoras de los DH, hizo público su repudio a la detención de líderes cajamarquinos que estuvieron al frente de la Marcha por el Agua, realizada del 1º al 10 de febrero con el objetivo de defender este recurso natural y repudiar el Proyecto Conga.
Este martes (13), Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Luis Díaz Chávez, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep) y César Aníbal Tafur Tacilla, secretario Provincial de Construcción Civil fueron detenidos, pero en virtud de la presión popular fueron liberados.
A pesar de ello, está siendo realizada una investigación preliminar por el delito de perturbación de los medios de transporte. La investigación también involucra a otros ambientalistas, ingenieros, autoridades locales y sindicalistas participantes de la Marcha por el Agua. Para la CNDH, el propósito de la investigación es cohibir las protestas sociales e intimidar a la población para que no demande sus derechos.
Proyecto Conga
El Proyecto Conga de la transnacional Newmont-Buenaventura-IFC (Minera Yanacocha) viene causando trastornos a la población de Cajamarca desde el año pasado, esto porque el proyecto de explotación de cobre y oro va a hacer desaparecer cuatro lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca y causar daños ambientales irreparables en la región. La población local teme una emergencia hídrica, ya que buena parte del agua utilizada viene de esas lagunas, ubicadas en las cabeceras de cuenca.
La aprobación del estudio de impacto ambiental fue uno de los detonantes de las manifestaciones ocurridas en 2011, pues éste, aún habiendo sido cuestionado por el gobierno federal, fue aprobado, incumpliendo la ley peruana que señala que lagunas andinas altas, bofedales (humedales de altura) y glaciares son ecosistemas frágiles y que pueden sufrir grandes efectos con cualquier intervención.