20 de Junio 2012
Martín Hernández Alcántara
Organizaciones indígenas y campesinas, académicos, activistas y habitantes de la Sierra Norte de Puebla durante el Foro de Información y Denuncia Proyecto de Muerte en Puebla
Organizaciones indígenas y campesinas, académicos, activistas y habitantes de la Sierra Norte de Puebla, denunciaron que propietarios de terrenos donde se pretende construir una hidroeléctrica en el municipio de Ahuacatlán, han sido amenazados con ser expropiados y que incluso se les ha advertido que si su oposición persiste, se empleará al Ejército para imponer el proyecto.
Los amagos fueron dados a conocer ayer en el marco del Foro de Información y Denuncia “Proyecto de Muerte en Puebla”, celebrado en el edificio de la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Universidad Autónoma de Puebla.
El acto lo convocaron la Unidad Indígena Totonaca Náhua (Unitona), la Organización Independiente Totonaca (OIT), la Organización Indígena Independiente Ahuacateca (OIIA), la asociación civil Tetela Hacia el Futuro, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) y la Universidad de la Tierra en Puebla.
Dichas organizaciones entregaron a los medios que dieron cobertura al foro un boletín en el que mencionan que en Puebla, el gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle anunció en 2011 la inversión para la construcción de cinco plantas hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla. “Estas represas son en realidad para el autoabastecimiento de empresas mineras del Grupo México y traerían graves consecuencias para la salud y el medio ambiente de comunidades indígenas de la región”, aseguraron.
Explicaron que en Xochicuautla, comunidad perteneciente al municipio de Ahuacatlán, el Grupo México está construyendo una hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan.
Según Florencio Carlos Zabaleta, líder de la Unitona “se dice que son tres hidroeléctricas para el río Ajajalpan, una en Xochicuautla, otra en San Antonio Cuanixtepec y otra suponemos que se ubicaría por San Felipe Tepatlán. La otra está aquí justamente en el río Apulco en San Juan Tahitic”.
“Las y los afectados por la construcción de la prensa, han sido presionados por autoridades municipales para que vendan sus terrenos. La empresa y autoridades municipales convocaron a una asamblea donde afectadas y afectados se negaron a vender sus tierras. El regidor de Gobernación del municipio de Ahuacatlán ha advertido que de no vender tendrán que expropiar las tierras; asimismo, ha amenazado con contar con la presencia del Ejército en la localidad de ser necesario”, denunciaron las organizaciones en el documento antes mencionado.
Al respecto, Florencio Carlos Zabaleta precisó: “se conoce que hubo una intimidación en el mes de febrero de este año. Hicieron una reunión o asamblea pública con el Grupo México y la comunidad y hubo una intimidación por parte de ellos, o a lo mejor no por parte de Grupo México pero sí por parte del ayuntamiento (de Ahuacatlán) que es un regidor muy concretamente, que comentando si no ceden de sus predios, pues sí harían uso de la fuerza pública, que es el Ejército (sic)”.
¿Del Ejército? –se le cuestionó.
–Sí, claro –confirmó el dirigente–, entonces lo que se ha hecho, pues no ha entrado el Ejército, pero sí han levantado firmas y hay dos contrapartes. Hay 200 firmas por parte de los que resisten y hay 500 firmas de los que están a favor, pero esto levantando firmas desde los estudiantes de bachilleratos y secundarias, o sea (personas que) aún no (son) ciudadanos.
Relación con minera
El asunto de las hidroeléctricas, afirmaron las organizaciones convocantes al foro, está totalmente vinculada al proyecto de la mina a cielo abierto que está realizando la empresa Frisco:
“En Tetela de Ocampo la minera Frisco, de Carlos Slim, realiza exploraciones en el cerro de La Cañada y planea una mina a cielo abierto que compromete a 10 mil 600 hectáreas de bosque donde nacen importantes manantiales que surten de agua a la región. Aquí, algunas personas han vendido ya sus tierras, mientras otras se han negado y se han organizado para informarse y dialogar sobre las consecuencias de la construcción de la mina”, señalaron..
Agregaron que todo esto ocurre en un contexto en el que el 30 por ciento del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras nacionales y transnacionales y 70 por ciento restante tiene potencial para la minería.
“Siendo la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otra actividad y libre de impuestos, la empresa privilegiada paga de 5 a 111 pesos por hectárea explotada al semestre. Esto, además, ocasionando daños ambientales, a la salud humana y a la vida social, política y económica de las localidades donde se instala. La minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra con explosiones. El uso de cianuro en el procesamiento de separación del oro de otros minerales envenena el agua y la tierra, impactando la salud humana y devastando vida animal y vegetal”, explicaron las organizaciones.
Añadieron que completar el esquema de perjuicios que asechan en a la Sierra Norte de Puebla está el proyecto de las Ciudades Rurales, ahora llamados Centros Integradores de Servicio, promovidos por el gobierno estatal, las cuales están previstas para alojar “a comunidades que serán desplazadas tanto por las minas a cielo abierto, como por los desplazamientos forzados”.
Aseveraron que las acciones mencionadas anteriormente representan una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas a tomar las decisiones sobre su territorio, a estar informados y vivir en paz.
“Ante las acciones de los gobiernos estatal y municipal de negociación con las empresas y de hostigamiento a las comunidades, las organizaciones civiles organizadas decimos hoy no a la minería a cielo abierto, no a las hidroeléctricas y no a las ciudades rurales en el estado de Puebla porque violan los derechos de autodeterminación de las comunidades”.
Afectados, 20 mil pobladores
Al foro acudieron además representantes de otras organizaciones de diferentes regiones de Puebla, como la Sierra Negra, la Mixteca, el Oriente y el centro, quienes hablaron de sus experiencias particulares en la lucha contra megaproyectos y acordaron unirse para apoyar a los convocantes al acto para impedir la instalación de la mina y de las plantas hidroeléctricas.
Esta casa editorial tuvo una entrevista posterior al acto, con Florencio Carlos Zabaleta, dirigente de la Unitona, a quien se le preguntó:
–¿Cuántas comunidades serían afectadas por estos proyectos, por las minas y por las hidroeléctricas y de cuánta población?
–Abarcarían más o menos unas 50 comunidades de pueblos originarios, entre nahuas y totonacos –contestó.
–¿De qué población estamos hablando?
–Como de 20 mil habitantes –calculó.
En el foro también estuvo presente el regidor de Ecología del municipio de Tetela de Ocampo, quien manifestó que esa administración está en contra del proyecto de la mima de oro y plata a cielo abierto.