REMA 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este
tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura
comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy
refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y
media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos
vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley
Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara
tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión
pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el
TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas
públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de
poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades
y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados
por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción
o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras,
participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su
territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.
En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes
ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio
o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que
busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos
procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)
Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las
grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido
financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia
defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación
filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el
uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos
naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos
mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la
creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)
Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias. En este punto, es importante
tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión
bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de
millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de
que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las
expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos
minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el
caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita
para las empresas canadienses.
Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden
recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34
demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas
y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más
demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus
derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a
México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por
$16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado
de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de
pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos
que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por
la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una
compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas
mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa
minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una
licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de
Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de
estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de
demandas en los tribunales internacionales del TMEC.
Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company1, la
principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500
millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del
Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años2. Cabe mencionar los estrechos
lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría
de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y
2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la
empresa lo que representa un claro conflicto de interés3.
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la
Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones
impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.
¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
1 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/1
2 https://ejatlas.org/conflict/devastacion-mina-calica-de-vulcan-materials-company-en-playa-del-carmen
3 https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/