A la medianoche del miércoles, horas después de que se le diera luz verde al proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante la sesión extraordinaria el Senado de la República también aprobó el proyecto de ley 233, que contempla disposiciones para la gestión integral de 36 páramos de Colombia.
La iniciativa legislativa, compuesta por 33 artículos, es un mecanismo para blindar que grandes proyectos de desarrollo como ganadería, agricultura y minería a gran escala afecten estos ecosistemas estratégicos. Para ello se contemplan proyectos de reconversión económica, con procesos de transición adecuados y regulación de actividades de bajo impacto, de la mano de las comunidades.
Ambientalistas instaron para que el Senado de la República, en medio de la apretada agenda, discutiera en último debate la ley 233, que se venía trabajando desde el 2016.
“El tema de páramos es un avance importante porque ha llegado la sociedad colombiana a un alto grado de sensibilidad, faltaba que el Estado colombiano y el Congreso de la República decretara que los páramos en Colombia son complejos ambientales estratégicos y que por lo tanto merecen política pública de protección, de cuidado, de delimitación y por supuesto de inversión para su recuperación”, sostuvo el senador nariñense, Guillermo García Realpe, quien fue ponente de la iniciativa.
Sin embargo, la Asociación de Municipios del páramo de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la aprobación de la ley al considerar que pone en vilo la economía y el desarrollo de esas poblaciones.
Según González, no hay claridad frente a los alcances que tiene, especialmente “en si se pueden o no hacer actividades ancestrales y tradicionales de bajo impacto como la pequeña minería, que ha sido nuestra vocación económica”.