La Cumbre de los Pueblos afectados por la Minería desarrollada en Arequipa los días 18 y 19 de setiembre acordó declararse en resistencia permanente y reafirmar su compromiso de lucha en defensa de la Vida, el Agua y la Madre Tierra en cada uno de los pueblos y comunidades.
La finalidad es preservar la salud, la alimentación, la biodiversidad y los recursos naturales para las futuras generaciones.
La citada Cumbre se desarrolló en el distrito de Paucarpata como un encuentro alternativo a la 31 Convención Minera Perumin 2013 que congregó a miles de empresarios y profesionales de la minería.
El evento alternativo reunió a más de cien delegados de diversas regiones del país y sirvió para denunciar lo que ellos han denominado la “otra verdad”, la que no dicen los empresarios mineros ni los medios masivos de información.
Al fin del evento se suscribió la Declaración de Arequipa y se efectuó una movilización que partió del distrito de Paucarpata, sede de la Cumbre, hasta la Plaza de Armas de Arequipa.
El evento fue considerado por los organizadores un éxito si se considera las grandes presiones que “intereses oscuros” efectuaron para que se les anule el contrato de local dónde organizar el evento y que obligó a cambiar varias veces de lugar.
Asimismo, por el gran esfuerzo de los participantes que sufragaron sus propios gastos para llegar al evento que fue casi en su totalidad autofinanciado por los propios delegados provenientes de Apurímac, Arequipa, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua, Lima, Piura, Puno y Tacna, entre otras regiones.
Invasión del territorio de las comunidades
El evento denunció que el gobierno y las grandes transnacionales mineras continúan promoviendo la actividad extractiva como “motor del crecimiento económico” y alientan la invasión de las tierras de los pueblos y comunidades que en un 48.6 por ciento de sus tierras se encuentran concesionadas a la minería.
Sostuvieron que la actividad minera, en complicidad con malas autoridades, viene ocasionando irreversibles daños al medio ambiente, desapareciendo lagos y fuentes de agua, contaminando los ríos, despojando a las poblaciones de sus territorios, y promoviendo la criminalización de los líderes comunales que surgen en defensa de sus derechos y de la madre Naturaleza.
Asimismo, que el poder minero controla a los medios masivos que no informan la verdad sobre los impactos de la minería, y que por el contrario, sistemáticamente estereotipan a los protagonistas de las luchas calificándolos de “antimineros” y supuestos opositores al desarrollo nacional.
En tal sentido cuestionaron la política extractivista del gobierno que está permitiendo el saqueo irracional de los recursos naturales, y deja daños irreparables a los pueblos y comunidades que viven de otras actividades sostenibles como la agricultura y la ganadería.
Comisión de la Verdad sobre la Minería
La Cumbre de los Pueblos demandó al Estado peruano la formación de una Comisión de la Verdad sobre la Minería y los hidrocarburos para que el país conozca la verdadera situación de la actividad extractivista y sus impactos sociales y ambientales.
La comisión debe realizar un inventario y cuantificación de los daños irreversibles de contaminación, y proponer la correspondiente indemnización a las víctimas afectadas.
La declaración exige que el Estado peruano no sacrifique los derechos humanos y demandó el pleno respeto del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, exigió el respeto del Derecho Humano al Agua y la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, los ojos de agua y las nacientes de los ríos y no al desvío del cauce natural de los ríos a nivel nacional para explotación minera.
Acceda a la Declaración de Arequipa con un clic en este enlace