A través de un manifiesto, las comunidades afroesmeraldeñas, Chachi y de otras nacionalidades, denunciarony pidieron acciones concretas a las autoridades competentes para abordar el actual envenenamiento de los ríos por la minería del oro y otros desastres ambientales en el norte de Esmeraldas.
Esta mañana, en el coliseo de la parroquia de Borbón, cerca de 300 personas de las comunidades del Bajo Borbón y los ríos Cayapas, Santiago, Bogotá, junto a representantes de la Federación de Centros Chachi (FECCHE), comunas río Santiago-Cayapas, Baranjilla y Chillabi del Agua, organización de maestros, promotores comunitarios de salud, red de catequistas y Vicariato Apostólico de Esmeraldas participaron de una asamblea convocada por el Comité Veedor por la Defensa del Agua y Medioambiente para abordar la problemática del envenenamiento de los ríos de Eloy Alfaro y San Lorenzo por la mineríadel oro, industria maderera y palma africana en la zona. Algunas autoridades provinciales también estuvieron presentes en la instancia.
Los comuneros identifican que, pese a la presencia de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI EP) en la zona, continúa la contaminación de los ríos. Por esta razón, se realizó un cuestionamiento al trabajo de la empresa estatal y las promesas de las autoridades sobre el cese de la contaminación de los ríos.
Entre las demandas más importantes de la organización se encuentran una mayor regulación de la minería legal e ilegal, defensa de los territorios ancestrales y de las reservas ecológicas, agua potable para las comunidades, mayor atención médica y la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos para diagnosticar la bioacumulación de metales pesados en las comunidades afectadas desde hace más de tres años.Para ello, dieron el plazo de un mes para que las autoridades realicen acciones concretas y dialogar, en caso contrario, manifestaron evaluar las medidas necesarias.
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Manifiesto de las comunidades negras, nacionalidades y pueblos indígenas de la zona norte de Esmeraldas por el desastre del medio ambiente, envenenamiento de los ríos y ataques a la vida
El continuo envenenamiento de los ríos de la zona norte y de nuestras familias desde hace años a la fecha, nos ha obligado a organizarnos y autoconvocarnos en asamblea con el objetivo de defender nuestro derecho al agua, la vida y territorio ancestral. A partir de esta situación, como pueblos y nacionalidades ecuatorianos, declaramos que:
1. La expansión del cultivo de la palma aceitera en Esmeraldas alcanza casi las 370 mil hectáreas, entre tierra sembrada, en edad productiva y cosechada hacia el año 2010 según estadísticas agropecuarios del ecuador y ANCUPA, y la tala indiscriminada de los bosques ancestrales de la cual somos testigos día a día, han provocado un daño irreparable al medio ambiente que pone en peligro la vida de la naturaleza y de los moradores de la zona. La débil presencia del Estado se traduce en que no existan medidas concretas de regulación efectiva de estas grandes empresas perjudicando al medio ambiente, invadiendo los territorios comunales y las reservas ecológicas.
2. Pese a la intervención del Estado y los esfuerzos del gobierno del presidente Rafael Correa a través de operativos militares y decomiso de maquinaria ilegal, obras públicas realizadas por Plan Ecuador y la Misión Luis Vargas Torres, y la entrada de Empresa Nacional de Minería ENAMI EP en el territorio con el objetivo de legalizar esta actividad extractiva, vemos y vivimos día a día la continuidad e intensificación de la contaminación de nuestros ríos. Esto es reafirmado por los estudios de calidad de aguas de los ríos de la zona norte de Esmeraldas, realizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas, y la Universidad Central del Ecuador.
3. La entrada e instalación de la ENAMI EP no ha significado un cambio significativo en el desarrollo de la extracción minera debido a que tiene una presencia marginal en el territorio, a nivel de los trabajadores hemos visto que la legalización de las asociaciones de mineros se realiza sin tomar en cuenta sus antecedentes en la zona y no se realizan capacitaciones que busquen desarrollar una minería artesanal y sustentable. Por otro lado, pese a la tecnología de maquinaria gravimétrica para la extracción del oro, vemos que la ENAMI EP no trata las aguas utilizadas en el proceso de lavado, las que posteriormente terminan en los ríos una vez que son tapadas ya que esta tecnología no contempla las condiciones climáticas y geográficas de la zona. La ruptura de estas piscinas ha contaminado más el estero maría y otros ríos. Como comunidades nos preguntamos: ¿Es ahora la ENAMI EP la responsable de la contaminación de los ríos?
4. Como consecuencia de la actividad minera han crecido los problemas de salud de la zona norte: aumento del paludismo, el envenenamiento de los ríos nos trajo enfermedades a la piel y la instalación de campamentos mineros nos trajo enfermedades venéreas y SIDA. La exposición continua a esta contaminación y alto niveles de metales pesados por años, nos aseguran una catástrofe humanitaria sin precedentes en el norte de nuestra provincia y en nuestro país.
5. Las autoridades técnicas y políticas competentes no han cumplido la promesa de desarrollar una minería artesanal y sustentable, con todos los beneficios que esta actividad traería a la localidad. Es más, constatamos que ha empeorado nuestra situación y el envenenamiento de los ríos desde la entrada de la ENAMI EP al territorio.
6. No se han garantizado los derechos de participación y veeduría local en torno a la ENAMI EP, según lo establece la ley de minería en sus artículos 58, 59, 60 y 62. Esto ha creado desinformación y división entre las comunidades beneficiadas, que representan a la minería de la población, frente a las comunidades afectadas que representan a la gran mayoría de la zona norte.
Ante estos hechos, la Constitución de nuestro país nos dice que:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.
Además de los artículos 13, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 264, 275,276, 317, 411 y 41 de la constitución, los cuales protegen los derechos de la población, su identidad cultural y social, y derechos de la naturaleza.
Bajo este amparo constitucional, las comunidades afectadas por la contaminación de los ríos de la zona norte de Esmeraldas producto de la minería del oro, manifestamos que:
1. No a la minería porque el envenenamiento de las aguas sigue y crece cada día más. No existen tecnologías que nos garanticen mantener limpias las aguas de nuestros ríos con explotación minera.
2. No al desastre ecológico del patrimonio ancestral y ambiental de la zona norte de Esmeraldas. Pedimos que: a) se realicen controles ambientales de partes del Ministerio del Ambiente en la zona, b) se frene la expansión del monocultivo de la palma aceitera en tierras comunales. Que se proteja el bosque primario y que no se destruyan los bosques dentro de las reservas naturales.
3. Como pueblos indígenas y afroecuatoriano, reafirmamos nuestro derecho a los territorios ancestrales y pedimos que el Estado nos proteja, así como está en la Constitución del Ecuador:
Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.
A partir de lo anterior, exigimos:
1. Remediación y reparación ambiental de todas las cuencas de los ríos envenenados y de los manglares afectados ya que, posiblemente, la contaminación minera producida en el alto de los ríos llegue a los manglares extendiendo la contaminación de metales pesados en uno de los lugares de extracción más importantes de todo el Ecuador.
2. Acceso permanente al agua potable y alcantarillado
3. Mejoramiento de la atención de parte del MINSAL hacia los habitantes del la zona norte: que en los subcentros haya atención todo el mes, que estén abastecidos de medicinas, que en los hospitales de la zona haya especialistas para atender los casos graves.
4. Ante el ingreso y aumento de las enfermedades descritas, exigimos que, definitivamente después de dos años, se realice lo que el juez de San Lorenzo dispuso en la “Causa No. 58-2.011” del 24.03.2011:
Tercero.- Se dispone que el señor Ministro de Salud Pública a través de la Dirección Provincial de Salud ordene el envío inmediato de brigadas médicas hasta las zonas afectadas por la contaminación minera generada en los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, con la finalidad de que se haga un diagnóstico rápido del estado de salud de los miembros de las comunidades mencionadas en este proceso constitucional y se disponga la intervención de salud adecuada al mencionado diagnóstico. El mismo que deberá presentar en el plazo de 90 días. Junto con ello, exigimos estudios epidemiológicos para diagnosticar enfermedades transmitidas por vectores atraídos por la actividad minera, y estudios toxicológicos para diagnosticar enfermedades asociadas a la exposición de las comunidades a metales pesados.
5. Pedimos que se promueva la actividad agrícola de la zona, a través de una mayor facilidad para el crédito, caminos y puentes estables para el transporte de productos, comercio justo y manufactura local de las materias primas locales.
6. Inversión de recursos en la educación de la zona rural ya que todavía hacen falta infraestructuras en muchas comunidades y la recalificación de los profesores.
7. Disminución del aislamiento de las comunidades y acceso a la comunicación telefónica y digital.
Los habitantes de la zona norte estamos cansados de tantas promesas incumplidas. Estamos cansados de esperar, por eso pedimos que las Autoridades tomen medidas concretas a favor de la zona norte. Vigilaremos que ello se cumpla y damos un plazo de un mes a partir del día de hoy, 25 de enero de 2013. En caso de no concretar estas medidas, evaluaremos medidas necesarias.