Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.
En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.
Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Señalaron que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales de Oaxaca se encuentran en peligro, principalmente por las operaciones de las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., que convirtieron a Oaxaca en el octavo productor nacional de oro y plata, lo que ‘‘para nuestras comunidades se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones, daños irreversibles al medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos’’.
Expusieron que durante una década han denunciado ante instancias federales y estatales la violencia con que operan esas empresas en Oaxaca, pero no han recibido respuesta. Por ello, ‘‘las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera’’.
En Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras que abarcan alrededor de 160 mil hectáreas, para extraer plata, oro, cobre y zinc, principalmente. De estas concesiones, 87 se encuentran en los Valles Centrales, y de ellas se derivan 18 proyectos mineros. En primera etapa de desarrollo se encuentra uno de ellos en la comunidad Trinidad Norte, y en segunda etapa de explotación comercial los de San José y El Águila. Asimismo, 15 están en fase de exploración en el estado.
Pedro Márquez, integrante de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, explicó que la declaratoria se decidió ‘‘por la vida, la paz y el desarrollo comunitario, con respeto a la madre tierra’’.
Agregó que también acordaron buscar la cancelación del Corredor Industrial Minero en los Valles Centrales y exigir justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, ‘‘asesinados en 2012 por su trabajo en defensa de los territorios en San José del Progreso’’.
Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/27/estados/030n1est