Líderes y representantes de las comunidades afectadas por la contaminación minera cuestionan el proyecto de ley minera que está siendo trabajada por el gobierno y actores mineros. (primera parte)
En el marco del encuentro de la Escuela de Lideres Ambientales, realizado en la ciudad de Oruro del 10 al 12 octubre, líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, se reunieron en un 1° encuentro para analizar la política y el proyecto de la Ley de Minería (versión de julio del 2013). Después de un análisis colectivo se arribaron a las siguientes conclusiones:
Sobre el proyecto de ley minera en general:
El proyecto de Ley de Minería, tal como se lo plantea profundizará el saqueo de los minerales a favor de las cooperativas mineras y las empresas transnacionales. No beneficia a las organizaciones sociales, pueblos indígenas originarios y a la población boliviana en general. Parece ser solo la imposición solo de algunos sectores.
El proyecto de Ley de Minería, tal como está planteado, otorga más garantías y derechos a las cooperativas y empresas privadas, y en contraposición deslinda muchas responsabilidades. En lugar de dar garantías a los bolivianos el Estado reduce su rol y promueve las actividades extractivas.
Este proyecto de ley refleja la profundización del modelo neoliberal minero, con nuevos actores como son las cooperativas mineras.
El proyecto de Ley de Minería no apunta a fortalecer a la empresa estatal COMIBOL. Su accionar se reduce básicamente a firmar contratos de asociación y a entregar más concesiones a las cooperativas mineras. Por tanto la COMIBOL, está destinada a ser un actor pasivo y condenada a muerte.
El proyecto de ley apunta a reducir las regalías mineras e impuestos para el sector. Las cooperativas mineras solo pagarán las regalías (porcentaje mínimo) y están exentas de otros pagos. Por tanto la participación de este sector en el Producto Interno Bruto se reduce, pero sus impactos socioambientales serán mayores.
El proyecto de ley apunta a la sobreposición de los derechos mineros sobre los derechos a la propiedad agraria y TCOs.
Sobre el medio ambiente:
En la propuesta de ley minera, se plantea que el Ministerio de Minería y Metalurgia sea la autoridad ambiental competente y como tal queda encargado del control, seguimiento, fiscalización de la gestión ambiental, además tiene la potestad de otorgar las licencias ambientales a las empresas mineras.
Ante esta situación, exigimos que la futura Ley de Minería, respete la institucionalidad en la gestión ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que mantenerse como autoridad ambiental competente, además tiene que ser la única entidad encargada de otorgar la licencia ambiental en todos los niveles. Pedimos al gobierno fortalecer la institucionalidad sectorial de agua, áreas protegidas y medio ambiente, para que se garantice una gestión ambiental imparcial.
Los operadores mineros que contaminen y/o produzcan daño medioambiental deben tener sanciones de tipo civil y penal, en el marco de la CPE.
Se debe incorporar en el proyecto de Ley de Minería la imprescriptibilidad de las acciones administrativas e infracciones, no solamente de los delitos ambientales.
Titulares de derechos y operadores deben hacerse responsables de prevenir, controlar, reducir, mitigar, remediar, resarcir y reparar los daños ambientales, en el marco de la CPE.
En el presente proyecto de ley el manejo de los pasivos ambientales es superficial. Por lo que proponemos que la misma debe basarse estrictamente de acuerdo a la CPE art. 33 y 347 respecto a la responsabilidad y acciones de gestión ambiental. Para evitar estos problemas en el futuro el estado a través de una norma debe exigir a los operadores mineros la presentación de una boleta de garantía para que cumpla con las medidas de cierre de las operaciones.
Se debe prohibir actividades mineras en áreas protegidas y en todas las cuencas que pudiera afectar las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y otros. Exigimos a los gobiernos departamentales y nacionales planes de ordenamiento territorial con el fin de identificar las vocaciones productivas de las regiones.
Consideramos muy importante la adecuación y actualización del Reglamentación Ambiental del Sector Industrial Minero (RASIM), en función a los principios de la CPE.
Oruro, octubre de 2013
Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente CONAMPROMA.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ.
Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó CORIDUP.
Comunidades de la subcuenca Desaguadero.
Comunidades de la subcuenca Huanuni.
Comunidades de la subcuenca Poopó.
Comunidades de la subcuenca de Antequera Pazña.
Promotores Ambientales Derechos Indígenas Originarios PADIOS – Potosí.
Eco Mujeres – Oruro.
Escuela de Líderes Ambientales ELA – Oruro.
Nación Originaria Jatun Quillacas.
Coordinadora Departamental para el Cambio CODELCAN – Chuquisaca.
Comunidad la Mendoza – Chuquisaca.
Comunidades de Saucari – Oruro.
Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA – Oruro.
Asociación Nayra Pacha ANAPA – Oruro.
Nación Originaria Suyu Jach’a Carangas.
Subcentral Villa Ancocota Provincia Inquisivi – La Paz.
Comunidad de Calari Provincia Pacajes La Paz.
Boletín CHIWANKU
Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA)