Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad Wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán por medio del presente hacemos del conocimiento de sociedad civil en general la situación actual que prevalece en nuestra comunidad indígena tras 4 años
que se hubieran detenido los trabajos de construcción de la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El Alto, la cual atravesaría en un tramo de 19 kilómetros nuestro territorio comunal.
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS.
Antecedentes
En febrero de 2008, los ayuntamientos de Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla implementaron una campaña de presión y hostigamiento (incluso policiaco) en contra de las en aquel entonces eran autoridades agrarias de nuestra comunidad para tratar de lograr la autorización del trazo carretero dentro de nuestro territorio comunal de Tuapurie. Posteriormente los ediles de dichos ayuntamientos implementaron una campaña de desprestigio hacia las Autoridades y asesores comunitarios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco se sumó la campaña antes dicha y sin el menor respeto a nuestros derechos, inició los trabajos de construcción del tramo carretero, ocasionando con ello graves daños y perjuicios a nuestra comunidad indígena, mismo que al día de hoy no han sido reparados. Además de lo anterior, dicha Secretaría se condujo con falsedad al afirmar ante un Juez Federal, que la Comunidad Indígena que representamos supuestamente había dado su anuencia para la construcción del tramo carretero, basándose para ello en un documento apócrifo mintiendo sistemáticamente al asegurar que con su ilegal actuar no había cometido daños en daños en nuestro territorio, a pesar de que dichos daños y perjuicios se encuentra debidamente verificados y documentados de manera técnica y han sido denunciados por nuestra parte las instancias correspondientes.
De igual forma hemos denunciado la participación activa de funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) perteneciente al Gobierno Federal, en el intento de imposición a nuestra comunidad del proyecto carretero, demostrándose con ello la falta de interés en su supuesta comisión de velar y atender las necesidades y reclamos reales de nuestra comunidad y en general de los pueblos indígenas, dado que con su actuación únicamente pretendió solapar y ser partícipe de la conducta ilegal de los gobiernos municipal, estatal y federal, consistente en engaños, presión, falsificación y represión, que lo mismo pasa en todas las comunidades donde la CDI interviene para imponer megaproyectos que violan los derechos indígenas,
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde el inicio de nuestra lucha comunitaria en defensa de nuestras tierras y territorios nunca ha cumplido con la función que se supone tiene en materia ambiental, pues lejos de castigar la serie delitos, ambientales y penales cometidos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural, únicamente se concretó a emitir opiniones que de igual forma pretenden convalidar y minimizar los daños causados por el ilegal actuar de la SEDEUR, dejado con ello patente su desinterés de coadyuvar para que nuestra comunidad pueda ser restituida de los daños y perjuicios sufridos.
Situación actual:
A pesar de todo lo anterior, el 24 de junio de 2011 después de cuatro largos años de litigio legal, organización autónoma y resistencia indígena nos fue concedido el amparo y protección de las instancias judiciales, con la finalidad de que el proyecto carretero de referencia fuera cancelado en el tramo que atraviesa nuestras tierras comunales, determinándose por el Juez Federal que dicha concesión de amparo se hacía extensiva para el que las cosas fueran regresadas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación de nuestros derechos colectivos, cometida por parte de la SEDEUR, para de esta forma restituir a nuestra comunidad indígena el daño causado.
Es importante resaltar el hecho de que los daños causados a nuestra comunidad comprenden afectaciones a bienes, derechos y creencias, y por ello la SEDEUR se encuentra obligada a reparar de dichos daños ocasionados dentro de nuestro territorio comunal entre los que se comprenden, los cientos de Pinos derribados de manera ilegal, la apertura y explotación de bancos de material pétreo, las cárcavas creadas que producen erosión y azolvamiento de arroyos y manantiales, la destrucción de la antigua brecha que trajo como consecuencia la creación de zonas intransitables en tiempo de lluvias, mangueras y alambres de púas cortados, cercos derribados, una casa destruida y el sitio sagrado «Paso del Oso» sepultado bajo toneladas de escombro.
Asi pues, nuestra comunidad indígena a través del procedimiento legal del juicio de amparo demostró el derecho que nos asiste a los wixaritari de ser previamente escuchados, no solo en la implementación del proyecto carretero que no ocupa, sino de cualquier otro que pueda tener como consecuencia una afectación de nuestros derechos, así mismo quedó demostrado que el documento mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) intentaba sustentar una supuesta autorización otorgada por nuestra parte para la implementación de la obra carretera RESULTA SER FALSO y no fue autorizado por nuestra asamblea de comuneros, ni resulta suficiente para justificar los daños y perjuicios causados con el inicio de actividades tendientes a la construcción del proyecto carretero de referencia.
A pesar de lo anterior, la SEDEUR nuevamente intenta evadir la responsabilidad que le resulta para reparar los daños ocasionados a nuestra comunidad, tratando de hacer uso para ello de nueva cuenta de mentiras y verdades a medias, al alegar en su defensa que el proyecto carretero nunca había iniciado dentro de las tierras de nuestra comunidad y que por ello no existían daños materiales que resarcir. A lo cual nuestra Comunidad se ha manifestado en el sentido de negar las afirmaciones de la SEDEUR, en virtud de que, contrario a lo que falsamente pretende sostener el gobierno, que los daños causados se encuentran vigentes y plenamente documentados.
Así pues, continua la lucha por hacer valer la razón que asiste a la palabra colectiva de nuestra comunidad Tuapurie, frente al intento renovado de las autoridades para tratar de desvirtuarla y dicha lucha se sustenta y tiene su raíz en el respeto al derecho inalienable que tiene nuestra Comunidad a decidir sobre sus propias formas de desarrollo y de gobierno, basado en convenios internacionales y los Acuerdos de San Andrés, que sustentan nuestro derecho de que sean reparados los daños y perjuicios causados en los términos que establece la sentencia de Amparo; reclamos que para nuestro pueblo son inclaudicables y sabremos sostener hasta sus últimas consecuencias.
Atentamente
Por Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatitlán, a 10 de mayo de 2012