Agua Caliente, una comunidad Maya Q’eqchi’ de aproximadamente 385 personas en El Estor, en el departamento de Izabal, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de los derechos atinentes a la tierra, recursos naturales, libre determinación, autogobierno, debido proceso legal y protección judicial contra el estado de Guatemala.
La Comisión es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos, creada por los países para la promoción y protección de derechos humanos. La petición se centra en una disputa de 40 años sobre los derechos de propiedad tradicionales de la comunidad en un territorio rico en concentraciones de níquel. La petición se centra en una disputa de 40 años sobre los derechos de propiedad tradicionales de la comunidad en un territorio rico en concentraciones de níquel. El Gobierno de Guatemala otorgó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ex subsidiaria de la empresa canadiense HudBay, los derechos para iniciar la explotación de níquel en el territorio de dieciséis comunidades Maya Q’eqchi’, incluyendo Agua Caliente.
La licencia fue concedida sin reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad sobre la tierra y derechos de autogobierno. Adicionalmente, omitió la participación y consulta adecuada de las comunidades indígenas afectadas con la explotación.
En febrero de 2011, el Tribunal Constitucional falló a favor de Agua Caliente, reconociendo el derecho de propiedad de la Comunidad, lo cual implica que las actividades y los permisos de explotación minera en su tierra constituyen una violación de sus derechos sobre la tierra. “Guatemala no ha cumplido con sus obligaciones legales ante el Tribunal,” dijo Leonardo Crippa, un abogado con el Centro. “Hemos agotado todos los recursos legales internos, ahora solo tenemos una opción, pedir intervención internacional.” El Tribunal ordenó al poder ejecutivo adoptar todas las acciones correctivas necesarias para titular correctamente las tierras de Agua Caliente. Esto incluye la reposición de las páginas que fueron removidas del Libro Oficial del Registro General de la Propiedad que comprueban que tales tierras son propiedad de la comunidad Agua Caliente.
Según el Tribunal, el incumplimiento del poder ejecutivo en titular y registrar debidamente estas tierras indígenas, viola el derecho de propiedad de Agua Caliente y el derecho de igualdad ante la ley; así como el principio legal de la libre determinación. “Esperamos que trabajando por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala cumpla su obligación de salvaguardar los derechos humanos y adopte medidas de protección que se ajusten a los estándares internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas” señaló Crippa.
Indian Law Resource Center y la Defensoría Q’eqchi’, una organización de derechos humanos de los pueblos indígenas con sede en El Estor, están asesorando a las comunidades. Desde 2009 llevan adelante el litigio del caso Agua Caliente, una comunidad en cuyas tierras yace la mayor concentración de níquel de esta zona. Por más de cuarenta años y en ocasión a los recursos naturales que yacen en el territorio Maya Q’eqchi’, la Comunidad ha soportado intentos de desalojos de sus tierras llevados a cabo por el esfuerzo conjunto del gobierno local y las fuerzas de seguridad de la empresa minera. Estos desalojos, frecuentemente violentos, amenazan la seguridad de los miembros de la Comunidad, lideres y el consejo local.
Los valores culturales y espirituales de la Comunidad están profundamente conectados con las tierras que tradicionalmente han poseído y son fundamentales para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades han estado preocupadas por los impactos de la minería en el medio ambiente por cuanto dependen de los recursos naturales existentes en la tierra y el cercano Lago de Izabal, el mayor lago de Guatemala, para obtener su alimentación y recursos económicos. Sin respetar los derechos territoriales de Agua Caliente y sin consultar a la Comunidad, Guatemala sigue en contravención de leyes nacionales e internacionales.
Washington, DC, Estados Unidos de América, 22 de agosto de 2011
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