El representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”
Comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”.
Recordó que con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería.
De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.
“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.
Durante la presentación del caso ganado de la comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) de la montaña de Guerrero frente al otorgamiento de concesiones mineras a empresas, la experta en derechos de los pueblos indígenas, Magdalena Gómez destacó que se trató de una “justicia por excepción” en la larga lucha de despojos.
Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.
Gómez Rivera recalcó que no se trata de tener o no esperanza en el nuevo gobierno para que mejore el tema, sino que de manera concreta se acabe con el duopolio que por años fue “Estado-empresa”.
Por otra parte, la lucha que en 2011 emprendió la comunidad de Juba Wajiín en la Montaña de Guerrero para defender su territorio frente al otorgamiento de las concesiones mineras a la empresa Hochschild Méxic fue ganada el 17 de octubre de 2019, cuando el segundo Tribunal Colegiado en materia penal en Acapulco confirmó la nulidad de la declaratoria de libertad de terrenos.
“Ante esa resolución ya no procede recurso alguno, por eso es que deja un precedente por lo menos en el ámbito legal, porque ya hay una sentencia firme”, indicó Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, quien resaltó que se trata de la primera resolución de este tipo en la entidad.
De acuerdo con la antropóloga y perito del caso Teresa Sierra, de no haberse ganado el caso 80 por ciento de las más de cuatro mil hectáreas de la comunidad habrían sido afectadas, no sólo en riqueza natural sino también cultural, espiritual y emocional.
Hizo un reconocimiento a los jueces pues, en su opinión, establecieron sentencias en diferentes niveles “que abrieron una mirada más liberadora, rebasando estos marcos obtusos, en ocasiones racistas, con los que se mira a los pueblos indígenas y a sus derechos, casi siempre subordinados a intereses económicos”.
Fuente:https://www.24-horas.mx/2019/11/14/comunidad-indigena-gana-caso-y-llama-a-revisar-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR1MSGDX4-dXFj3vhF6l7iKbpxdR9Ysiv05tFiYneoo0VZdYFkDf1LRl8oM