En una oscura sala del Archivo Nacional, donde se encuentran documentos oficiales de la Corona Española, los abogados de cuatro mil diaguitas han estado rastreando títulos de dominio para reclamar tierras en la zona cordillerana de Vallenar y Huasco. Con estos papeles pedirán en las próximas semanas la devolución de estos terrenos, en donde, entre otras actividades, se encuentran los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro.
La Superintendencia del Medio Ambiente y las comunidades diaguitas ya han puesto en aprietos al primero de estos proyectos, de la canadiense Barrick, por el manejo que ha hecho esta compañía de los glaciares y cauces hídricos. Así, Pascua Lama está hoy paralizada.
Han invertido allí US$ 4.800 millones de los US$ 8 mil que en total deben desembolsar.
Sobre la nueva arremetida de la comunidad diaguita, Barrick dijo que «por el momento, no tenemos información sobre ese tema».
En El Morro (ligada a Goldcorp), que implica US$ 3.900 millones y aún no empieza, aclaran que la disputa por los terrenos no les afecta por ahora, porque ellos no son dueños de las tierras, sino que se las alquilan a la comunidad huascoaltina.
La arremetida de la comunidad diaguita también abre una división en el mundo indígena, porque implica disputar los terrenos con dicha comunidad huascolatina, representada por Sergio Campusano. Y no se trata de poca tierra: nada menos que 390 mil hectáreas.
Quien lidera el equipo legal que defiende a las comunidades diaguitas es Álex Quevedo, que se hizo famoso porque hace más de una década representó a Berta Quintremán, una de las «ñañas» que se opusieron a la hidroeléctrica Ralco, de Endesa.
Este abogado explica que en 1903 se les entregaron títulos de dominio a las comunidades diaguitas de Atacama, que fueron actualizados posteriormente, en los 90. Así, unos cuatro mil diaguitas tendrían derechos de propiedad sobre las tierras de la alta cordillera de Huasco y Vallenar.
«Como las comunidades diaguitas serían las verdaderas dueñas de esa zona, no podrían hacerse los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro», sostiene Quevedo.
El abogado señala que las tierras que tiene la comunidad huascoaltina les pertenecen a las 16 comunidades diaguitas, porque de acuerdo a la ley indígena estos territorios no pueden constituirse como comunidades agrícolas.
Collas contra Casale
Al oeste de la capital regional de Copiapó hay otra comunidad indígena que está complicando la inversión de las megamineras. Se trata de los collas, que están en el río Jorquera y sus afluentes. Roberto Carlos Salinas, representante de la comunidad colla, señala que la negociación con las mineras ha sido difícil, en especial con Cerro Casale, también de Barrick, que está en obras preliminares.
«No queremos que se instale en nuestro territorio», dice enérgico. Asegura que esa actividad minera es incompatible con su vida ganadera, y ya han recurrido a la justicia con varias acciones, que aún no han sido falladas.