“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”, cuenta El Espectador.
Y agrega que representantes de 180 consejos comunitarios, entre los que se encuentran el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), acompañados de las abogadas Xiomara González y Carla Henríquez, de la ONG Tierra Digna, se sumaron al proceso jurídico que está enfocado en la protección de sus territorios.
Según el diario, esos consejos comunitarios se unieron a otras entidades como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) para interponer la acción de tutela que le exija al Estado que les garantice el derecho a la vida y al ambiente sano.
Entre las entidades demandas se encuentran los ministerios de Ambiente, de Minas y de Salud, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías locales, expone el medio.
Cabe recordar, sostiene la publicación, que una de las mayores preocupaciones de esa comunidad es el territorio del que dependen cientos de familias y que está siendo arrasado por la maquinaria minera y su obsesión por el oro y el platino.
Eso sin mencionar “las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, la tala indiscriminada y la ausencia del Gobierno. Los afluentes del Atrato han sido desviados por dragas y buldóceres, el agua concentra elevadas dosis de mercurio, los peces se mueren por multitudes y la gente enferma se multiplica”, subraya la publicación.
De hecho, enfatiza Noticias RCN, el origen del problema que tiene en peligro la calidad y el color de los ríos del Chocó comienza principalmente en los entables mineros.
“La remoción de arenas con maquinaria pesada a la orilla de los ríos en búsqueda de oro y platino cambia por completo el agua cristalina de los afluentes y cambia el paisaje natural. El estado del agua es como una metáfora de lo que ocurre en Chocó por cuenta de la minería ilegal: todo turbio”, dice el medio.
E insiste en que el daño producido por la minería es bastante grande porque se están removiendo muchas partículas y sedimento en el río, razón por la cual aumenta la turbiedad.
“Al menos 8 ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros; pero lo más delicado son las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables”, advierte Defensoría del Pueblo.
Tristemente, “a pesar de los esfuerzos por visibilizar los problemas que afectan la cuenca completa del río Atrato, que vienen empeorando desde hace 10 años, las cuatro acciones populares interpuestas, desde 2011, continúan sin ser resueltas”, sentencia El Espectador.