COMUNICADO
Sobre el Segundo Congreso de Minería del gobierno de JOH y la Universidad de Ingeniería (UPI)
Una vez más, Juan Orlando Hernández, se ha empecinado en vender el territorio nacional a los intereses extranjeros, bajo la promesa del desarrollo y la creación de empleos.
Entre el 13 y 15 de julio se celebrará en Tegucigalpa el segundo Congreso de Minería patrocinado por la UPI en donde se hablará de lo lucrativo del negocio minero y, al mismo tiempo, se tratará de convencer al auditorio de que es posible una minería con rostro humano y responsabilidad social. Estos argumentos provienen de un discurso “académico”, cuyo vocero principal es la UPI (Universidad Politécnica de Ingeniería) quien asegura que hay formas efectivas de realizar la minería y que con nuevos métodos se amortigua el impacto ambiental.
Este discurso es falso, ambiguo y muy conocido en Honduras, Latinoamérica y el mundo, además choca con la realidad de pueblos en dónde en el pasado se habló de la efectividad de los métodos de explotación de minería a cielo abierto para después solamente dejar poblaciones que hoy se mueren envenenadas por la contaminación de aguas, suelos, y aire, eso es fácil de constatar, por ejemplo en el Valle de Siria, Francisco Morazán.
Por otro lado se habla de las ganancias que trae la Minería y que el Estado de Honduras debería aprovechar esos ingresos tributarios y no permitir que esos capitales se vayan, pero en la realidad la ganancia de la minería está justamente en su relación de ventaja que establece con un Estado entreguista que permite: la exención de impuestos a grandes empresas transnacionales, la entrega de concesiones sin estudios de impacto ambiental, la concesión del territorio sin consultar a la población afectada, la creación y modificación de leyes favorables a las empresas en detrimento de los derechos de los pueblos, la falta de indemnización laboral para sus trabajadores, entre otros.
El territorio de Honduras está siendo concesionado para el beneficio de extranjeros y sus cómplices lacayos nacionales, JOH y sus títeres de la UPI, INHGEOMIN y DINAFROH desean que la minería compita en territorios con la agricultura y la caficultura cuando existen poblaciones enteras que pasan hambre y en donde urge la producción de alimentos. Estos proyectos extractivistas se han vuelto propicios para el incremento de violaciones a los derechos humanos ya que cuentan con seguridad privada y en no pocos casos hasta con la protección de la policía y el ejército.
En ninguna de las 537 concesiones otorgadas en el territorio nacional se ha realizado una consulta, muchos alcaldes han traficado con el pueblo y sus cabildos “abiertos” han carecido de las características de Consultas Previas, libres e informadas, como lo requiere el convenio 169 de la OIT, un instrumento ratificado por el Estado de Honduras y que protege a los pueblos Indígenas, donde existen muchas de estas concesiones. Los funcionarios estatales esgrimen que la ley de minería contempla la consulta pero muy bien saben que de la manera en que está elaborada la decisión de los pueblos no incide en las decisiones tomadas por los gobiernos.
Desde la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA) alzamos nuevamente la voz para condenar este tipo de actos, se nos vende un desarrollo que sólo beneficia a quienes son dueños de las empresas mineras y a los funcionarios públicos que, abusando de su autoridad, hacen un gran negocio concediendo cada vez más derechos a quienes extraen los recursos. Los legítimos dueños de los territorios, los pobladores, solamente reciben destrucción y muerte y quienes defienden sus territorios pagan su osadía con criminalización, cárcel e incluso con su propia vida.
Demandamos del Estado de Honduras
1. Que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Minería interpuesto por la CONROA el 15 de octubre de 2014.
2. Que el Congreso de la República se pronuncie sobre la reforma de la ley de minería, relativa a la consulta, y presentada por la CONROA el 15 de octubre de 2014.
3. El cese inmediato de las concesiones de minería metálica, incluyendo las concesiones de hierro.
4. La derogación de todas las concesiones mineras otorgadas por INHGEOMIN desde el 1 de enero de 2013.
5. La reparación de daños a las comunidades que han sufrido las consecuencias de la explotación minera, entre ellas San Ignacio y El Porvenir en Francisco Morazán y El Tránsito en Nacaome.
6. Que se indemnice a las personas y sus familias de quienes sufrieron contaminación por explotación minera, entre ellas los 68 afectados del Valle de Siria.
7. Que se respete la voluntad de casi 30 municipios que se han declarado como Territorios libres de Minería.
8. Que se declaren territorios libres de minería todos los lugares en donde exista actividad agrícola y caficultora
9. Que se declaren territorios libres de minería todas las áreas protegidas y productoras de agua, con solo tener la voluntad explícita de sus comunidades.
10. Demandamos el cese de hostilidades por parte de organismos del estado en contra de todos los defensores y defensoras que defienden el territorio contra el extractivismo, así como el esclarecimiento de los crímenes perpetrados contra ellos.
Tegucigalpa, 13 de julio de 2016
COALICIÓN NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES
CONROA