La CNDDHH, plataforma institucional de sociedad civil que reúne a 78 organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su indignación ante la nueva agresión infringida sobre la señora Máxima Acuña por parte de trabajadores de la empresa minera Yanacocha, ocurrida este domingo 18 de septiembre.
De acuerdo con el testimonio de la defensora y el video difundido por la propia empresa[1], el día de ayer a las 9:30 a.m. un grupo de al menos 15 agentes de seguridad y un piquete de personal operativo traspasaron el cerco colocado por Yanacocha e ingresaron en el predio Tragadero Grande, de titularidad de Máxima Acuña y su familia.
Mientras los operarios de Yanacocha destruían los cultivos de Máxima, un grupo de 15 agentes de seguridad privada se enfrentaban con Máxima y su esposo Jaime Chaupe, quedando ella herida. Además los trabajadores de Yanacocha trataron de quitarle el teléfono al esposo de la Sra. Acuña con el que intentaba grabar la agresión.
Consideramos que Yanacocha está violando los Principios de Seguridad y Derechos Humanos, y hacemos un llamado a la empresa para que actúe dentro del marco de los derechos humanos, absteniéndose de ingresar en el predio Tragadero Grande hasta que la titularidad del mismo sea plenamente esclarecida a través del proceso civil correspondiente, y deteniendo toda forma de hostigamiento contra Máxima y su familia, así como la destrucción de sus labores agrícolas, necesarias para la subsistencia de la familia. Acciones como las perpetradas contra Máxima y su familia solo contribuyen a acrecentar la desconfianza de las comunidades en las industrias extractivas, generando un perjuicio a todo el sector.
Ante lo sucedido, recordamos al Estado Peruano su obligación de proteger a las y los defensores de derechos humanos, en particular a quienes, como en el caso de la Sra. Máxima Acuña, se encuentran en espacial situación de vulnerabilidad y acoso. Esta obligación es especialmente marcada en el caso de Máxima y su familia pues cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hacer efectiva esta obligación de protección urgimos al Tribunal Constitucional a resolver la acción de inconstitucionalidad plateada en abril del 2015 contra la Ley 30230 que distorsiona la figura de “defensa posesoría”, propiciando abusos como el que cotidianamente sufre la familia Chaupe Acuña, y miles de campesinos e indígenas en todo el país.
Las autoridades deben investigar inmediatamente los hechos, sancionar a los responsables de este acto que consideramos abusivo y ofrecer las garantías que corresponden a Máxima Acuña y su familia.