Chicomuselo, Chiapas. México. 20 de junio de 2013.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINION PÚBLICA GENERAL.
Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su inconformidad ante la política instrumentada por los distintos niveles de gobierno, toda vez que han ignorado las demandas de habitantes del ejido Grecia, Municipio de Chicomuselo, Chiapas, quienes carecen de servicios públicos básicos, esto debido a la determinación de la Asamblea General de no permitir las actividades mineras en esa comunidad.
El 14 de junio del presente año, integrantes de este Comité de derechos humanos y representantes de comunidades vecinas al Ejido Grecia, del municipio de Chicomuselo, sostuvieron una entrevista con el C. ENCARNACION PEREZ RAMÍREZ, Comisariado Ejidal de dicho lugar, quien manifestó que desde la fecha en que fue clausurada las actividades mineras en esas tierras ejidales, diversas empresas han insistido en que se reabra la actividad en dicho lugar, sin embargo la mayoría de ejidatarios se han negado debido a que las anteriores empresas no cumplieron con lo convenido, además se han dado cuenta de los daños que ocasionaron al medio ambiente y a las localidades vecinas al lugar, además de esto, el conflicto social que acabó con la vida del SR. MARIANO ABARCA ROBLERO.
En los últimos días de mayo y los primeros días de junio del presente año se presentaron 2 empresas mineras, el primero ofreciendo el proyecto de luz eléctrica para el barrio San Ramón que pertenece al Ejido Grecia, el cual según los empresarios mineros tiene un costo de $ 2, 300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos) presupuesto que según ellos fue elaborado por la comisión Federal de Electricidad. A cambio de este proyecto el Ejido les debe entregar 5,000 toneladas de “barita”, mineral que se encuentra en el subsuelo de ese núcleo de población ejidal.
Otra empresa se presentó con el nombre de OTRACH (Organización de Transportistas del Estado de Chiapas) representado por Eduardo Montoya Lievano, según el representante ejidal, estas personas se presentaron con una actitud de prepotencia manifestando frente a los de 82 ejidatarios y 150 posesionarios, que el dueño de esta concesión es el Señor Fernando Coello, abuelo del Gobernador MANUEL VELAZCO COELLO, quien hasta la fecha dijo tener 19 concesiones en el estado de Chiapas para la extracción de minerales, y todo lo que él diga el gobernador tiene que cumplir, por lo tanto no viene a pedir permiso porque ya lo tiene, nada más que se preparen porque vendrá a esta comunidad junto con el gobernador en helicóptero a darle las gracias al Ejido.
Esta actitud alertó a los pobladores de esta comunidad ya que no desean ningún enfrentamiento a causa de los minerales que existe en la zona y piden que se respete la decisión que ha determinado la Asamblea que es la máxima autoridad.
Según el comisariado Ejidal manifestó “que desde que le cerraron el paso a las empresas mineras también a ellos le cerraron las puertas en todas las dependencias de gobierno para atender sus demandas, una de ellas es el barrio San Ramón perteneciente a este Ejido que llevan 20 años sin energía eléctrica y desde hace 16 años han venido solicitando este servicio sin que hasta la fecha se les haga caso. Otro proyecto importante es la ampliación y rehabilitación de la energía eléctrica para nuestra comunidad; renovación del cableado, postes y transformadores, pues los que actualmente tenemos ya están deteriorados debido a que son de estructura metálica, y otros, como son apertura de caminos saca cosechas y agua potable”, concluyó el Representante de esta comunidad.
En la misma entrevista representantes de las comunidades le hicieron entrega de un documento en que solicitan a la Asamblea General y a sus representantes ejidales no permitir la entrada de empresas mineras para evitar los conflictos que se han vivido anteriormente y para que todos las comunidades y pueblos vivamos en paz y armonía.
Por todo lo anterior este Comité de derechos humanos considera que las autoridades en sus tres niveles de gobierno han vulnerado los derechos de esta comunidad al no atender las demandas prioritarias como lo establecen diversos instrumentos de derechos humanos como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. (PIDESC) entre otros.
Por lo tanto consideramos importante hacer un llamado urgente a los distintos niveles de gobierno a fin de atender estas necesidades básicas cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades que tiene el estado con los pueblos.
A las organizaciones de derechos humanos y medioambientales nacionales e internacionales les pedimos enviar sus llamamientos a los distintos niveles del gobierno mexicano para evitar que las condiciones de vulnerabilidad en que vivan las comunidades sirvan para aceptar proyectos que atenten contra el medio ambiente, la salud y la vida de los habitantes.