29 de abril de 2010
Frente al atentado que ha provocado la muerte de Betty Cariño, directora del Colectivo Cactus y también miembro de Jubileo Sur México y la del observador extranjero Tyri Antero Jaakkola, asesinados mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el estado de Oaxaca, el pasado 27 de abril, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL comunica lo siguiente:
1.- Rechazamos el brutal asesinato de la defensora de derechos y activista antiminera Betty Cariño y Tyri Antero Jaakkola que se suma a la serie de atentados donde también fue asesinado otro líder de la REMA en Chiapas, Mariano Abarca Roblero, el 27 de noviembre de 2009
2.- Exigimos la aplicación de instrumentos internacionales tales como:
La declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de Diciembre del 1998, Resolución de la Asamblea General 53/144
Recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contenidas en la Resolución 60/161. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
Las Recomendaciones derivadas del Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, oea/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1 del 7 marzo 2006,
para garantizar el mayor respeto a las acciones de defensa del ambiente, de los derechos de las comunidades, así como las opciones de desarrollo local de los pueblos, al igual que las actividades de denuncia y exigencia frente a proyectos mineros que amenazan a nuestras comunidades.
3.- Condenamos las políticas de “depeje” de territorios para eliminar la resistencia e imponer proyectos extractivos al servicio de intereses transnacionales.
4.- Denunciamos las políticas de criminalización de la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades y la protesta social así como muchos otros ejercicios democráticos desarrollados por afectados por proyectos extractivos.
5.- Responsabilizamos a las autoridades mexicanas de la seguridad de activistas de la sociedad civil que defienden derechos frente a la gran minería.
6.- Exigimos el esclarecimiento de los hechos que terminaron con la muerte de Betty Cariño y Tyri Antero Jaakkola y el procesamiento de los responsables de este brutal ataque, como voluntad del Estado para terminar con la impunidad de los asesinatos sistemáticos a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.
7.- Declaramos la oposición a la minería una actividad no solamente legal y legítima sino absolutamente necesaria frente a los atropellos a los derechos humanos y los ecosistemas producidos por las empresas mineras, principalmente transnacionales, y los gobiernos que las promueven, amparan y defienden.
8.- Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse frente a esta acción criminal y a exigir la inmediata y efectiva intervención del Estado mexicano para proteger a las víctimas y castigar a los autores.
América Latina 29 de abril de 2010