En septiembre del año anterior, el presidente Juan Manuel Santos nombró como ministro de minas y energía al guajiro Amylkar David Acosta, quien durante su largo recorrido en cargos públicos y la academia, y desde su conocimiento directo de los impactos de la minería de carbón en su región, manifestó en diferentes ocasiones estar en desacuerdo con las políticas de privatización y los bajos controles que se imponen al impacto social y ambiental de la actividad minera. Acosta incluso celebró la apertura de juicio fiscal contra los entonces ministros Carlos Caballero y Juan Manuel Santos por la venta de la partición Estatal a través de CARBOCOL en la mina El Cerrejón.
Sin embargo su llegada a la cartera de Minas y Energía, que se pensó, por el perfil de Acosta, generaría al menos una posibilidad de interlocución con los afectados y detractores de la política minero – energética, por el contrario representó su alineación con las políticas extractivistas y privatizadoras que antes criticaba, así como con las prácticas irregulares que se manejan dentro del Ministerio. Su justificación es que si antes había planteado incoherencias en las políticas del gobierno fue por ser un libre pensador y porque en ese momento no estaba en el gabinete. Ante esto nos preguntamos: ¿Cuáles son los intereses a los que él o cualquier persona que asuma el ministerio debe responder, que exigen abandonar críticas y abrazar una política privatizadora y devastadora de la naturaleza? Y ¿Es acaso el nombramiento en altos cargos públicos una forma de negociación con sus detractores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos?
El nuevo ministro llegó a ser promotor de una práctica, que ya ha sido denunciada, de puertas giratorias entre altos cargos del Estado y de grandes empresas del sector minero – energético, evidenciada con el nombramiento como viceministro de Cesar Díaz, quien viniera desempeñándose como directivo de la cámara Colombiana de la Minería. En el caso del señor Díaz no solo resulta preocupante la falta de transparencia e imparcialidad por su cercanía con el sector privado; queda pendiente también que se den claridades sobre las razones que lo llevaron a perder la licencia para explotar carbón en Guachetá en el año 2000 y sobre los problemas presentados con la liquidación de las prestaciones de quienes fueran sus empleados.
Pero no sólo estas prácticas asumidas dentro del Ministerio de Minas y Energía resultan alarmantes. Las declaraciones del ministro Amylkar Acosta acerca de la necesaria “licencia social para la minería” y su enunciado de que “el riel de la locomotora minera debe ser el medio ambiente”, contrastan con su manifestación pública de rechazo a la voluntad del pueblo de no permitir la explotación minera y petrolera, expresada en las consultas populares realizadas en Piedras -Tolima- y Tauramena -Casanare. Se trata de un amañado juego del lenguaje en el cual los conflictos sociales y ambientales de las actividades extractivas solo aparecen mencionados, pues cuando son considerados en profundidad por las comunidades para decidir su futuro, son desconocidos bajo premisas como: “las riquezas del subsuelo pertenecen a la nación” o “la actividad minera es de utilidad pública”. Esto deja ver claramente cómo este Ministerio y otras instituciones del Estado buscan garantizar los intereses privados por encima de los derechos y la voluntad comunitaria.
Ahora bien, en los últimos días, el presidente Santos, en el III Congreso de Minería, hizo un llamado a las empresas mineras para ganarse la confianza de las comunidades, señalando que muchos “avivatos con interéses políticos” usan el mecanismo de las consultas previas en el intento por “paralizar la inversión responsable”. Esa clara defensa del sector empresarial, desconoce argumentos serios presentados por las organizaciones sociales e instituciones del Estado que han lanzado las alertas frente al panorama colombiano, desde perspectivas técnico – científicas y con una lectura objetiva de la realidad social de las zonas de exploración y explotación minera. Por lo demás, resulta impresentable que el mandatario nacional y su ministro den la espalda a las expresiones populares que a través de mecanismos de participación popular y consulta previa han presentado las demandas comunitarias y han buscado la interlocución con una política que como se hace evidente busca únicamente el favorecimiento empresarial.
Hacemos un llamado a que el país debata la defensa irregular de los intereses corporativos que hace el Estado colombiano y sus instituciones y a que se exija transparencia por parte del presidente y el ministro, quienes deben explicar los intereses que hay entretelones en la construcción de las políticas públicas sobre nuestros bienes naturales.
CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
Grupo SEMILLAS
ILSA – Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho alternativos
Comité Ambiental por la Defensa de la Vida, Tolima
COA – Cinturón Occidental Ambiental