Armados con palos y profiriendo amenazas y agresiones verbales, decenas de comuneros priistas de Zacualpan impidieron la entrada al pueblo, la noche del domingo, a los integrantes de la Misión Internacional y Nacional de Observación, que pretendían entrevistarse con las autoridades comunales en torno al conflicto derivado de los intentos de una empresa por explotar una mina de oro en terrenos de esta comunidad.
Integrada por representantes de 18 organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Canadá, Estados Unidos y México, la caravana llegó a la entrada de Zacualpan alrededor de las 19:10 horas, y se encontró con un retén instalado por seguidores del expresidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, quien hace un año fue destituido del cargo por la asamblea acusado de respaldar y tratar de imponer el proyecto minero.
Ante el bloqueo carretero, una comisión encabezada por el antropólogo Gilberto López y Rivas bajó de los vehículos para presentarse y solicitar al grupo priista que les permitiera continuar su camino hacia la comunidad, pero los observadores fueron recibidos con expresiones de rechazo y beligerancia, con el argumento de que no querían “gente extraña” en el pueblo.
Así también, los inconformes se negaron a recibir un documento mediante el que los miembros de la Misión les proponían una reunión para conocer sus argumentos.
A pocos metros de distancia se encontraban apostadas más de veinte camionetas con agentes de la Policía Estatal y de la Policía de Procuración de Justicia, quienes impasibles se limitaron a observar la escena.
Minutos después llegó el director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, a quien López y Rivas pidió garantizarles a los integrantes de la Misión el derecho al libre tránsito, pero tampoco el funcionario pudo convencer a los comuneros de liberar la carretera.
Ante los cuestionamientos de los observadores, Peregrina Sánchez dijo que en ese momento no había condiciones para garantizarles el acceso a Zacualpan y afirmó que sólo se liberaría la carretera si existiera una situación de emergencia por la que ellos tuvieran que ingresar al pueblo.
Atrás del retén instalado por los simpatizantes de Carlos Guzmán, se encontraban los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), quienes esperaban a los observadores para entrevistarse con ellos.
El conflicto de Zacualpan se inició a finales de 2013, cuando según el CIDTZ Guzmán trataba de convencer a los comuneros de apoyar el proyecto minero representado por el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, con el ofrecimiento de 15 mil pesos por voto pero ante el riesgo de contaminación del manantial que abastece a la comunidad y a 300 mil habitantes de la capital del estado, la mayoría de comuneros se opuso, destituyó a Carlos Guzmán y declaró a Zacualpan Territorio libre de minería.
Posteriormente, el grupo afín al comisariado depuesto tomó las instalaciones del balneario Ojo de Agua, pese a que el Tribunal Unitario Agrario resolvió que le corresponde administrarlo a la directiva de Bienes Comunales legalmente constituida, actualmente encabezada por Taurino Rincón Lorenzo.
Desde hace más de dos meses el camino rumbo al balneario se encuentra bloqueado por los priistas, quienes ante la visita de los observadores, ampliaron el retén hacia la carretera que conduce a Zacualpan.
La caravana de observadores se encuentra integrada, entre otras, por las organizaciones Greenpeace, MiningWatch, Peace Action, Environmental Defender Law Center, Fund for Global Human Rights, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua y Colectivo de Abogados de Jalisco.
Este lunes, la Misión Internacional emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó al gobierno de Colima de haber permitido el bloqueo de la carretera estatal por parte de “un pequeño grupo vociferante y agresivo, ligado al depuesto Carlos Guzmán, e impidiendo así la visita de la Misión”.
Las autoridades estatales, manifestó, “contaban con numerosos policías apostados en la carretera y sin intervenir en absoluto para hacer cumplir el derecho de libre tránsito, atestiguaron el bloqueo y las agresiones verbales y físicas a los miembros de la Misión”, en tanto que “numerosos integrantes de la comunidad de Zacualpan, en un acto de prudencia y de sensatez, se abstuvieron de desalojar por sus propios medios a quienes incurrían en la arbitrariedad de impedir el paso a su propia comunidad protegidos por la actitud omisa de las autoridades”.
Dijeron que con anticipación avisaron a las autoridades que se llevaría a cabo la visita, por lo que “la omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la actividad minera en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua”.
Los integrantes de la Misión lamentaron la “actitud facciosa” del gobierno del estado al impedir el libre tránsito por la vía de interpuestas personas, no sólo de los observadores, sino de los pobladores indígenas de la comunidad.
“Para todos los miembros de la Misión se constata la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección del gobierno estatal. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho”, expusieron los observadores.
Se mostraron convencidos de que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que “le confiere impunidad a sus acciones delictivas”.
Tras denunciar que el gobierno del estado viola la autonomía del pueblo indígena y el resguardo de su patrimonio, consideraron que el factor esencial del conflicto es la pretensión de realizar actividades mineras, que conllevan graves, persistentes y múltiples efectos tóxicos, siguiendo la tónica de la ingeniería de conflictos manifiesta actualmente.
A su vez, los integrantes de la Misión rechazaron la “campaña de satanización y tergiversación” que se ha desencadenado en contra de la asociación ambientalista local Bios Iguana, cuando “el desempeño de ésta es reconocido ampliamente en términos positivos por la mayoría de los comuneros y habitantes de Zacualpan”.
Demandaron que el gobierno de Colima brinde a la brevedad las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la Misión en su visita a la comunidad de Zacualpan y suspenda de inmediato su “actitud omisa” en el cumplimiento de la Ley. ”Responsabilizamos al gobierno del estado y a las autoridades de la federación por cualquier acto de violencia que resulte de su omisión en la aplicación de la justicia”, concluyeron.
Al mediodía del domingo, periodistas de distintos medios, incluido Proceso trataron de pasar a la comunidad de Zacualpan, pero también les fue impedido por el grupo priista, cuyos integrantes se negaron a dar declaraciones y con agresiones verbales y amenazas de confiscarles el vehículo en que llegaron los hostigaron para que se retiraran.
Incluso, mientras los reporteros trataban de obtener información una de las mujeres que participaban en el retén arrojó un vaso desechable a la cara de Juan Ramón Negrete Jiménez, de El Comentario.
Durante el lunes 2 y el martes 3, los integrantes de la Misión Internacional tienen previstos encuentros con funcionarios de los gobiernos federal y estatal, del municipio de Comala y representantes del Congreso del estado.