Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.
Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.
El caso se inició en abril del 2012, fecha en la que el colectivo de indígenas solicitó a la Corte Constitucional (CC) emitir un dictamen de constitucionalidad de la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?”.
Recién en octubre del año pasado, la CC resolvió que, antes de emitir dicho dictamen, los peticionarios debían cumplir con la norma de la Constitución que ordena la recolección del 10% de las firmas de los empadronados en la zona (unas 15 mil personas).
Por el momento, el colectivo solicitó al CNE que les facilite una nómina con los empadronados y organice talleres de capacitación para los brigadistas que recolectarán las firmas; y así evitar equivocaciones.
“Con la experiencia del grupo YASunidos, es factible conseguir las firmas”, dijo Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari y abogado del colectivo